El análisis que efectuó esa dependencia en 322 casos concluyó en que el 85 por ciento se registró en menores de entre 10 y 17 años, lo que también puso de manifiesto el riesgo de un embarazo producto de violación, debido a que se encuentran en edad reproductiva.
Esa situación, según delegados del Inacif, pone en peligro la vida de la víctima, si se toma en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud las complicaciones en el embarazo representan una causa importante de mortalidad entre adolescentes y jóvenes de países en vías de desarrollo.
El informe destaca que el resto de los abusos sexuales se perpetró contra menores de 1 a 9 años, que representa un grupo más vulnerable y propenso a sufrir daños físicos y psicológicos severos.
Otras estadísticas detallan que Guatemala y Escuintla presentan mayor incidencia de casos de víctimas menores de edad, con 15 y nueve casos, respectivamente. La víctima más joven fue registrada en Chiquimula, con apenas 1 año.
Las edades más frecuentes de menores de edad víctimas de abuso son de 13 años, con 68 casos; 4, con 62, y 17, con 49. Además, se evidenció que Jalapa es el departamento que tiene mayor porcentaje de víctimas, seguido de Chiquimula, Petén y Chimaltenango.
También se dictaminó que la mayoría de víctimas que han denunciado son mayores de edad. En muchos casos, los expertos explican que son difíciles de encontrar pruebas físicas para comprobar que un menor ha sido abusado, debido a que los agresores realizan otro tipo de estimulaciones y tratan de no dejar rastros en la persona.
CIFRAS GENERALES
En el Inacif se informó que el departamento que presentó mayor cantidad de violaciones, tanto en adultos como en menores, fue Guatemala, con 200; seguido por Quetzaltenango, con 50; y Petén, con 46.
FALTA PRESUPUESTO
Garza Grisolía señaló que los procedimientos para dictaminar casos de violación sexual representan para esa dependencia entre US$300 y US$3 mil por cada uno, lo cual depende de los reactivos que sean utilizados para obtener el resultado de una prueba científica.
Garza Grisolía mencionó como ejemplo el caso de una víctima de violación que ocurrió en la calzada Roosevelt, en el cual la mujer agredida vomitó sobre su ropa donde habían quedado flujos de su agresor, por lo cual tuvieron que utilizar otros mecanismos y reactivos para extraer el ADN del responsable.
En ese sentido, Nery Cabrera, director del Inacif, manifestó que para continuar con el financiamiento de esos procesos y con la compra de equipo científico, necesitan más presupuesto, para tener cobertura en todo el país, a través de sedes regionales y con la contratación de más personal.
Cabrera refirió que necesitan psicólogos que hagan evaluaciones forenses en la provincia. Sin embargo, para concretar esos proyectos necesitan Q100 millones adicionales a los Q145 millones que fueron asignados a la institución este año.
Las declaraciones fueron vertidas en el marco de la presentación del informe del segundo año de gestión de Cabrera, quien aseguró que han logrado implementar más tecnología para agilizar los dictámenes forenses en todas las áreas.
DESCARGUE: Estudio refleja problématica de abusos
ESTUDIO REFLEJA PROBLÉMATICA
Los abusos sexuales persisten y las víctimas más recurrentes son niños y adolescentes, la mayoría mujeres en especial en la provincia.
En Jalapa, Chiquimula, Petén y Chimaltenango se han registrado más casos de abusos sexuales contra menores.
Guatemala y Escuintla siguen apareciendo como los lugares que presentan mayor número de abusos contra menores.
Los menores de entre 10 y 17 años abusados sexualmente representan el 85 por ciento de casos.
Los menores de 1 a 9 años son el grupo más vulnerable y propenso a sufrir abuso sexual, con secuelas físicas y psicológicas severas, indican expertos del Inacif.
El departamento con mayor cantidad de violaciones, tanto en adultos como en menores, es Guatemala. Le siguen Quetzaltenango y Petén.
Una prueba para comprobar un abuso sexual le cuesta al Inacif entre US$300 —unos Q2 mil 400— y US$3 mil —unos Q24 mil—, según el caso.
El Inacif hizo un muestreo con 322 casos, a escala nacional.
