La presencia militar esta vez obedece a los planes que tiene la firma canadiense Tahoe Resources Inc., de Vancouver, para explotar lo que dice es uno de los cinco depósitos de plata más grandes del mundo.
Algunos manifestantes creen que el proyecto, llamado El Escobal, acabará con las fuentes de agua o contaminará ese recurso y cientos de personas han bloqueado carreteras y quemado edificios para tratar de impedir que el proyecto siga adelante.
Miriam Muñoz, de 18 años de edad, dijo que el estado de sitio le afecta: sus padres están nerviosos y no quieren que ella acuda a la escuela. “Esto nos afecta, nos sentimos intimidados. Yo considero que la mina sí nos afecta y la situación no va a cambiar. Lo que debería pasar es que venga el presidente y se enfrente a la situación” dijo.
Defienden mina
La empresa y sus defensores rechazan las acusaciones y dicen que la mina generará empleos y decenas de millones de dólares para el gobierno local y las comunidades de la zona.
Andrés Dávila, coordinador de comunicaciones corporativas de la mina, dijo que el metal será extraído mediante un proceso en el que el mineral es pasado por agua. Se emplea la sustancia química catalizadora cianuro de zinc, que según Dávila “no es arrojada a los ríos porque se vuelve a usar en el mismo sitio”.
“La mitad de los empleados son de San Rafael y el 95% son guatemaltecos”, dijo Dávila. “Por cada dólar recibido, 35 centavos se quedan en Guatemala para impuestos, regalías y contribuciones voluntarias”.
Estado de Excepción
La disputa es un duro reto para el presidente Otto Pérez Molina, quien envió cientos de soldados y suspendió el derecho a realizar reuniones públicas en cinco pueblos próximos a la mina a principios de mayo. Fue la segunda vez en los 16 meses que lleva en el gobierno en que declaró un estado de Sitio para hacer frente a protestas contra proyectos mineros de firmas extranjeras.
La represión de las protestas hizo que su gobierno conservador fuese acusado de favorecer a los inversionistas extranjeros por sobre las comunidades locales.
“Uno de los hallazgos más interesantes que hemos descubierto al hablar con la gente que vive en San Rafael Las Flores y que vivió el estado de Sitio es escuchar cómo la gente que había votado por el presidente le ha restado su apoyo. La mayoría de gente siente que el gobierno los estigmatizó, diciendo que se instalaba el estado de sitio en los cuatro municipios porque en el lugar habían narcotraficantes y criminales”, dijo Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala.
Consecuencias
Efectivamente, una nueva encuesta de CID Gallup indica que el índice de aprobación de Pérez Molina bajó 20 puntos el año pasado, del 68% de mayo del 2012 al 48% actual. La encuesta, que fue llevada a cabo entre el 2 y el 9 de mayo y tenía un margen de error de 2.98 puntos porcentuales, indica que la violencia callejera y el desempleo son las principales razones de la pérdida de popularidad.
En toda América Latina están estallando conflictos como este, en los que la resistencia de la gente de la zona a proyectos mineros de extranjeros ha paralizado regiones enteras y causado muchas bajas. Esos proyectos, no obstante, son cada vez más populares porque los precios del cobre, el acero y otros metales están por las nubes, en buena medida por la demanda de China.
En Perú estas protestas plantearon graves problemas al presidente Ollanta Humala. Problemas parecidos sobre la explotación de recursos naturales por parte de extranjeros han acabado con varios presidentes en Bolivia.
Activistas dicen que los problemas en la mina de Guatemala comenzaron en el 2007, cuando el propietario de entonces, la Goldcorp Inc. de Canadá, vino a San Rafael con una licencia para explorar. En el 2010 la mina fue vendida a Tahoe Resources.
“Desde entonces los problemas se agravaron”, comentó Oscar Morales, presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario, que media entre los residentes y las autoridades políticas. Habló con la Agencia de noticias AP desde un sitio secreto en el que se esconde desde que las autoridades allanaron su casa y las de sus familiares en busca de armas. Dijo que en las búsquedas no se encontró nada.
Morales sostuvo que la consulta de 4 mil 222 adultos de ocho comunidades reveló que casi la totalidad se oponía a la mina. Indicó que quiere hacer otra consulta de cumplimiento obligatorio, pero los gobiernos municipales se han negado a convocarla.
La violencia se ha tornado más destructiva a medida que pasa el tiempo sin que se resuelva la disputa.
El 17 de septiembre del 2012 trabajadores de la mina que transportaban tubos para el tendido de cables eléctricos por la carretera principal fueron interceptados y retenidos por residentes que se oponen a la mina. Al día siguiente, desconocidos incendiaron depósitos de las minas y un patrullero. Dos meses después, residentes enfurecidos quemaron un hotel y se robaron dinamita de la mina cuando las autoridades impidieron una reunión para hablar de la mina en el pueblo vecino de Mataquescuintla.
El incidente más grave ocurrió el 11 de enero del 2013, cuando se produjo un tiroteo entre manifestantes y personal de seguridad de la mina que dejó un agricultor y dos guardias muertos. Seguidamente, el 17 de marzo, individuos armados secuestraron a cuatro miembros del parlamento xinca en circunstancias confusas y uno apareció muerto.
Buscaron diálogo
Ante la escalada de violencia, el gobierno nacional anunció la creación de una comisión mediadora y el 3 de abril otorgó una licencia para la explotación de la mina de San Rafael por 25 años. La mina tiene ya todos los permisos necesarios, pero todavía no está operando.
Luego de otra protesta que dejó un policía muerto y seis residentes heridos, Pérez Molina declaró un estado de Sitio de 30 días que prohibió las concentraciones públicas y otras libertades civiles en cuatro pueblos próximos a la mina en los estados de Jalapa y Santa Rosa. Unos 500 policías y 2 mil soldados fueron enviados a la región. El presidente suspendió el estado de sitio y declaró un estado de prevención, por el cual los efectivos ya no pueden detener a la gente sin justificación.
“No es solamente por problemas con la mina, también es por el crimen organizado”, justificó el presidente Otto Pérez Molina sobre el estado de Sitio. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos lo calificaron de una “criminalización de legítimas demandas de la población a oponerse a la mina”.
Esperan operar pronto
Tahoe Resources defiende vigorosamente el proyecto de San Rafael, que espera entre a funcionar antes de fin de año. Dice que le ha explicado a unos 2 mil residentes los beneficios de la iniciativa.
Algunos residentes se muestran complacidos con la creación de empleos.
“La mitad de los empleados son de San Rafael y el 95% son guatemaltecos”, dijo Dávila. “Por cada dólar recibido, 35 centavos se quedan en Guatemala para impuestos, regalías y contribuciones voluntarias”.
Paola Monterroso, una estudiante de 17 años de edad, dijo que para ella, la mina sí trae beneficios. “Mi papá y mi hermano trabajan en la mina. Yo he recibido una beca de la mina. Creo que ha traído desarrollo a la población de San Rafael”, aseguró.
Muchos manifestantes y campesinos, no obstante, se muestran escépticos. Dicen que la mina ya ha transformado la región, sobre todo por la presencia de soldados y puestos de control.
Sin embargo, según Vicente Morales, quien vive a un par de kilómetros de la mina, dice que “el dinero es lo de menos”.
“Lo que no queremos es que en unos años ya no sirva nuestra tierra, se dañe el medio ambiente. El otro día vi que el río está contaminado”, dijo.
