“He dado instrucciones al Gabinete Económico para que se detenga el estudio que hacíamos para establecer un aporte de este sector para convertirlo en formal y, a la vez, generar una serie de beneficios para ellos”, precisó Baldetti mediante su oficina de prensa.
La propuesta consistía en un impuesto único de Q150 anuales que se aplicaría a las micro, pequeñas y medianas empresas del comercio informal, a cambio de ser incluidas en el Seguro Social.
En la próxima reunión del Gabinete Económico, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debían entregar modelos de cómo ampliar la base tributaria y el número de afiliados.
El plan también fue rechazado por la Cámara de Comercio y diputados de la oposición, por temor a que se motive el traslado de empresas establecidas a la economía informal.
Tenían temor
Representantes de vendedores informales recibieron con júbilo la noticia, porque un impuesto afectaría su economía. Además, demandaron al Gobierno la generación de fuentes de trabajo, para que los empleados gocen de Seguro Social.
“El Gobierno ha tomado la decisión correcta, porque un impuesto así impactaría al 80 por ciento de la población guatemalteca que vive del comercio informal, que no gana el salario mínimo y tiene trabajos de sobrevivencia”, indicó Mirna Nij, del Sindicato de Trabajadores de la Economía Informal.
Mario Cach, presidente de la Asociación de Vendedores de Chimaltenango, expresó: “Un impuesto de esa naturaleza ahorcaría al pueblo. Yo compro mi mercadería y siempre pido facturas; con eso estoy tributando”.
Sector importante
Pese a no contar con los beneficios del Seguro Social, la economía informal aglutina a gran parte de empleados
La población económicamente activa del país es de 60.7%.
Equivale a unos nueve millones, de los casi 15 millones de habitantes.
El 70% de ese sector vive y trabaja en la economía informal.
En el área rural se eleva hasta 78.9%.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene un registro de 780 mil contribuyentes.
El 50% de quienes pagan impuestos están en la región central.
El impuesto que sugirió después la SAT era de entre Q100 y Q300, de acuerdo con la actividad económica.
Q150 era el monto que se sugería cobrar a los comerciantes informales.
