“No vamos a firmar un pacto político solo por firmarlo, cuando sabemos que no se va a cumplir. Eso es como esos convenios internacionales sobre deuda pública, que se firman a sabiendas de lo que va pasar al final”, dijo Conde.
Los dirigentes de Visión con Valores (Viva), Partido Socialdemócrata Guatemalteco (PSG) y Movimiento Integral de Oportunidades (MIO) apoyaron la exigencia de Conde.
Los secretarios generales de los partidos políticos inscritos en el TSE y jefes de bancadas acudieron ayer a la convocatoria efectuada por el presidente del Congreso, Roberto Alejos, para consensuar la firma del pacto de no agresión entre organizaciones políticas.
Alejos hizo la primera propuesta para reformar el documento que contiene los compromisos que asumirán los partidos y el TSE, en donde sobresale la petición para que el órgano rector de las elecciones defina con claridad la diferencia entre proselitismo y campaña.
Todos por igual
Al principio de la reunión, los representantes de Unidad Nacional de la Esperanza , Gran Alianza Nacional, Partido Patriota, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca , Partido de Avanzada Nacional, Viva, Centro de Acción Social, UD, MIO y PSG se mostraron anuentes a firmar el pacto de no agresión, pero después de unos minutos las quejas contra el TSE empezaron a surgir.
El secretario de la UNE, César Fajardo, dijo que antes de firmar el convenio es necesario revisar los compromisos que los partidos asumirían.
Agregó: “No sería necesario firmar pactos si todos cumpliéramos con la ley, pero si no se cumple con eso, tampoco lo harán con un pacto”.
Repudian campaña negra
Alejos también propuso que el TSE se comprometa a investigar las campañas negras que puedan surgir a lo largo de la contienda.
Al respecto, la presidenta del TSE, María Eugenia Villagrán, declaró que el órgano electoral siempre ha cumplido con la ley y rechazó que haya un trato diferente hacia ciertos partidos políticos.
Al final se acordó la instalación de dos oficinas: una en el Congreso y otra en el TSE, a donde los partidos podrán llevar sus propuestas de cambio al pacto de no agresión y firmarlo el 20 de enero, cuando haya sido consensuado.