La norma fue impuesta a mediados de marzo de 2020 por el expresidente de EE. UU. Donald Trump, con el argumento de contener los contagios de coronavirus, sin embargo, en la práctica se convirtió en una herramienta para expulsar migrantes.
Ahora que ya no es justificable dicha ley, volverá a regir el Título 8, el que regía antes de la pandemia, pero ahora con una gran diferencia: EE. UU. pretende que las peticiones de refugio se gestionen desde muy lejos de sus fronteras, mientras que dictó nuevas restricciones para las solicitudes de asilo.
La administración de Joe Biden ya ha anunciado la instalación centros de atención y procesamiento de solicitudes de refugio y otros alivios migratorios, por lo menos en Guatemala y Colombia; sin embargo, hasta este 10 de mayo el gobierno guatemalteco sostenía que estos no serán para extranjeros, contrario a lo que han afirmado funcionarios estadounidenses.
Estos centros, de concretarse su instalación, recuerdan al controvertido acuerdo de tercer país seguro que Trump obligó a firmar al gobierno de Jimmy Morales, mediante el cual eran enviados a Guatemala los peticionarios de protección de Honduras y El Salvador si llegaban a EE. UU.
Más restricciones
Washington ya ha anunciado que el fin del Título 42 no será sinónimo de abrir las puertas a la migración y por el contrario ha advertido que se mantendrán las deportaciones exprés, incluso las de aquellos que se entreguen a la Patrulla Fronteriza. El Título 8 tiene el agravante que se penaliza a quienes ingresen a EE. UU. sin autorización, con cinco años sin derecho a ser admitido. Si un migrante reincide puede enfrentar un proceso penal.
“Nuestra frontera no estará abierta a partir del 12 de mayo. Vamos a imponer consecuencias nuevas y muy importantes para las personas que no utilicen los canales legales para migrar directamente a EE. UU.”, advirtió Blass Nuñez-Neto, subsecretario interino para Política Migratoria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
Asimismo, EE. UU. dio a conocer que los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia concluyeron una nueva normativa que incluye regulaciones a las peticiones de asilo.
“La norma presupone que quienes no usen las vías lícitas para entrar en EE. UU. no son elegibles para el asilo” y permite la expulsión de personas “que no establezcan un temor razonable de sufrir persecución o tortura en el país al cual sean expulsadas”, publicó este 10 de mayo el Gobierno de aquel país. La presunción de inelegibilidad puede ser refutada solo en “circunstancias excepcionalmente apremiantes”.
Además, a quienes no aplicará esta presunción de inelegibilidad serán a los migrantes que hayan transitado por otro país, pidan asilo y se les niegue.
El papel de Guatemala
En Guatemala todavía no hay información de cómo funcionarán estos centros. Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni el Instituto Guatemalteco de Migración respondieron a una solicitud de información. La oficina de Comunicación explicó que continúan las pláticas y hasta el miércoles 10 de mayo se mantiene la postura de que los centros serán para atender “únicamente a guatemaltecos”.
Tampoco dieron información, a pesar de que se les solicitó, las representaciones en Guatemala de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ni de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En cuanto a la fecha de apertura, un vocero del Departamento de Estado de EE. UU. indicó que “no hay información de una fecha exacta” de cuando comenzarán a funcionar los centros, pero que no será este 12 de mayo. Este 11 se llevará a cabo una conferencia de prensa donde ampliarán detalles de su funcionamiento.
Especialistas en el tema migratorio coinciden en que, con el fin del Título 42, se piensa utilizar a Guatemala y Colombia como un tapón a la migración irregular para evitar que miles de migrantes lleguen a la frontera sur de EE. UU. y generen una crisis humanitaria —como ya ha ocurrido en el pasado— que políticamente le puede pasar la factura al Partido Demócrata.
Las principales críticas se dirigen, tal como ocurrió en 2019 con la implementación del acuerdo de tercer país seguro, a que en Guatemala no hay condiciones socioeconómicas ni de seguridad para albergar a miles de solicitantes de alivios migratorios.
Según autoridades estadounidenses podrían recibirse entre cinco mil y seis mil migrantes al mes, un número ínfimo si se compara con los 2.3 millones que intentaron ingresar a EE. UU. el año pasado.
Además, los críticos consideran que los solicitantes de refugio no estarán dispuestos a quedarse en Guatemala y por lo tanto adoptarán modalidades de migración más riesgosas que alimentarán a las redes de tráfico de personas y lo peor, se cobrarán más vidas.
Úrsula Roldan, directora del Instituto de Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar, opina que al terminar la vigencia del Título 42 aumentará la conflictividad en la frontera entre México y EE. UU. porque hay migrantes que llevan más de dos años a la espera de que se resuelva su solitud de asilo o refugio y las expectativas aumentarán a partir del viernes.
En el caso de Guatemala, considera que el país no tiene capacidad para garantizar una estadía digna de los migrantes que soliciten refugio acá. Por lo tanto, si los migrantes se quedaran es posible que se generen nuevos “cinturones de pobreza”.
Roldán cree que los migrantes se desesperarán y aunque gestionen una solicitud en el país seguirán su trayecto ya que “ni México pudo contenerlos, con toda su institucionalidad, menos lo hará Guatemala”.
“Ahí empezarán los riesgos, porque las estructuras de coyotes serán los beneficiarios ya que los buscarán para encontrar las estrategias para poder entrar a EE. UU.”, añadió.
Traslado de crisis
El sacerdote José Luis González, coordinador de la Red Jesuita con Migrantes, coincide en que si la idea es que los migrantes se queden varados en el país “va a ser un caos”. “Guatemala no es ningún país seguro, los migrantes lo saben y los que son elegibles no se van a quedar en un país que no tiene un trato humanitario ni siquiera para los guatemaltecos”, subrayó.
Agregó que los centros de procesamiento “no van a tener la capacidad de procesar los enormes flujos de migrantes”, entonces seguirán pasando “por el Darién, por aquí y por el desierto de Arizona, mientras no se quieran solucionar las causas políticas y económicas de los países”.
A consideración de González, la migración es un tema político muy sensible en EE. UU. y las imágenes de crisis en la frontera sur “hacen perder elecciones” y por eso la idea de los demócratas es que “esas imágenes no estén en EE. UU., sino en otros países”.
El consultor en temas migratorios, Fernando Castro, señaló que “el país no tiene la infraestructura, capacidad, estrategia de abordaje ni personal calificado para atender miles de peticiones”, razón por la cual, considera que la crisis humanitaria que existe en el norte y sur de México se trasladará a Guatemala.
Calificó de “irresponsable” el haber aceptado la “imposición” de crear estos centros en Guatemala, puesto que se presionará a los servicios de los lugares donde sean instalados.
Por su parte, Tekandi Paniagua, ex cónsul de Guatemala en EE. UU., precisó que las nuevas reglas en la frontera harán más riesgosa la migración.
“Se van a incrementar los riesgos. Las personas, ahora, no se van a entregar a la Patrulla Fronteriza, sino que van a intentar cruzar a territorio estadounidense sin ser detectados, obviamente incrementándose los riesgos”, señaló.
Añadió que “mientras las partes no se pongan de acuerdo, las personas, familias y niños van a ser quienes pagarán ese alto precio, incluso con su vida”.
