“La verdad, todos mis amigos de infancia están en la pandilla”, cuenta Brian, un nombre ficticio que pidió usar para no revelar su identidad.
“A mí me han dicho que entre, me han dicho que vaya a hacer cosas malas, como matar a este o aquel, pero yo no quiero eso para mí”, precisa.
Algunos de sus vecinos dicen sin embargo que Brian es un “paisa firme”, un colaborador y aspirante a pandillero de la MS-13 que hace tareas menores, como comprar cerveza a los cabecillas.
En opinión de ellos, esta ambivalencia es común a muchos jóvenes que viven cerca de las pandillas al tiempo que tratan de evitarlas, en un intento por sobrevivir.
Santa María es uno de los muchos barrios “calientes” (controlados por las pandillas) que existen en el país, en momentos en que el presidente, de 49 años, promueve su reelección alardeando de logros en materia de seguridad y reducción de la violencia criminal.
Algunos especialistas ponen en duda los avances apuntados por el Gobierno en el combate de las pandillas, dedicadas al comercio de drogas, sicariato, asaltos y extorsión.
Barrios vigilados
“Los pandilleros siguen controlando barrios de las ciudades, extorsionando a los pequeños negocios y controlan la circulación de personas”, asegura a la AFP Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
La tasa de homicidios en Honduras, señala, ha caído desde casi 60 por cada cien mil habitantes en 2016, una de las más altas del mundo para un país sin guerra, a 45 proyectados para 2017. Pero la cifra sigue siendo muy alta en relación al promedio del mundo de 5.3 por cada cien mil habitantes, según datos del Banco Mundial.
“El éxito del combate de los extorsionadores solo ha sido con los cobradores directos y no se ha capturado a los que realmente se benefician” de la actividad pandillera, subraya Ayestas.
Un equipo de AFP hizo un recorrido por el barrio “caliente” de Picachito, siguiendo a un vehículo de la Policía Militar de Orden Público por las calles sinuosas de esta empobrecida comunidad en un cerro del norte de la capital, donde las viviendas precarias parecen colgar de las laderas.
Hay poca propaganda electoral, comparado con lo que se ve en el centro de la ciudad, mientras que aparecen por doquier personas que avisan, teléfono en mano, de la presencia de vehículos extraños.
“Nosotros sabemos que aquí hay vigilantes armados, pero ellos nos observan y, cuando ven que nos movilizamos, dan aviso para esconder las armas”, comenta un comandante policial en el vecino barrio Buenos Aires, al pie del cerro Picacho.
Picachito, indica, está controlado por la pandilla El Combo de los que no se Dejan, mientras que el barrio vecino es dominado por la MS-13. Ambos grupos suelen enfrentarse a balazos por el control de puntos de venta de drogas.
Más de 35 mil soldados y policías quedaron a disposición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para dar garantías de seguridad en los comicios, según el tribunal.
Algunas comunidades sí han sentido la mejora en la seguridad pregonada por el gobierno de Hernández.
Marco Antonio Laínez, vendedor de flores en el mercado de mayoreo de Tegucigalpa, considera que en la ciudad vecina de Juitalpa, donde vive, el progreso en la seguridad es notable y admite que votará por el presidente.
“El país está mejor que hace cuatro años. Esperamos que se reelija” el actual mandatario, confía Laínez.
El joven Brian reconoce que las cosas no son fáciles para él, pero se muestra optimista con su futuro personal, pese a que no completó la secundaria y solo ha hecho un curso de cocinero.
“Sinceramente, veo un futuro promisorio para mí”, admite, aunque no tiene claro cómo será su porvenir.
