Los demandantes exigen al tribunal que considere “ilegal” la “vigilancia masiva” de la NSA a estadounidenses y otros ciudadanos del mundo y urja al Gobierno de EE.UU. a eliminar de su base de datos todas las comunicaciones presuntamente interceptadas.
“La NSA lleva a cabo su vigilancia, accediendo directamente a la columna vertebral de internet en Estados Unidos, compuesta por cables de alta capacidad, interruptores y rúters que transportan vastas cantidades de información de estadounidenses y otros ciudadanos del mundo”, sostienen los querellantes.
Los demandantes argumentan que, mientras se producen las comunicaciones entre los estadounidenses, la NSA intercepta decenas de documentos de texto, comunicaciones internas del país y “decenas de miles” de términos de búsqueda utilizados para localizar información en Internet.
Además de Wikimedia, entre los demandantes se encuentran importantes organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la ONG Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
Explican que, como organizaciones defensoras de los derechos humanos o instituciones relacionadas con el mundo de la información, emiten “cientos de miles de documentos internacionales sensibles en internet cada año”.
“La Fundación Wikimedia se comunica con cientos de millones de personas que visitan páginas de Wikipedia para leer o contribuyen a al gran repositorio de conocimiento humano que Wikimedia mantiene en línea”, especifica al demanda.
Como organizadores de carácter social, consideran que “el intercambio de información de manera confidencial, libre de vigilancia y sin órdenes judiciales del Gobierno, es esencial”, mientras que “la vigilancia viola la privacidad y socava la capacidad de los demandantes para llevar a cabo sus misiones”.
Para pedir a la corte que respalde sus argumentos, sostienen que la actitud del Gobierno estadounidense y de la NSA viola la ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA, en sus siglas en inglés) de 2008.
Los demandantes consideran también que la “vigilancia masiva” viola la Constitución de EE.UU., concretamente la primera y la cuarta enmienda referentes a la libertad de culto, de expresión, de prensa, así como la prohibición de incautaciones irrazonables, que en este caso serían de datos.
Esa acción judicial constituye un nuevo frente legal para los defensores del derecho a la privacidad que han criticado los programas de espionaje de EE.UU. desde 2013, cuando el exanalista de la NSA Edward Snowden reveló operaciones de espionaje masivo.
