Pero el valle de limoneros que generó la prosperidad de esta región se quemó, como si fuera otra víctima del modelo de negocios de los cárteles de la droga.
Algunos grupos criminales están haciendo todo lo posible para incursionar en los principales sectores de la economía, incluida la industria de producción de aguacates y limones, con lo que amenazan con interrumpir la lucrativa asociación comercial bilateral entre México y Estados Unidos, una de las más grandes del mundo.
Cada año, México exporta aguacates por un valor de US$3 mil 200 millones y limones por unos US$500 millones, y algunos cárteles están entrando en estos negocios rentables, no solo extorsionándolos como en el pasado, sino dirigiéndolos. Algunos incluso están plantando huertos y abriendo plantas de empaque de aguacate para diversificar sus ingresos y financiar sus esfuerzos para abarcar más territorio.
“Hay una evolución hacia una relación criminal-política clásica al estilo italiano”, dijo sobre los cárteles Romain Le Cour, director de programas de México Evalúa, un instituto de investigación centrado en políticas de seguridad pública. “Cuando se piensa en la mafia, es una zona gris en la que se vincula lo legal con lo ilegal, el crimen con los negocios y el crimen con la política”.
Esta evolución incluso ha envalentonado a los cárteles para que amenacen la presencia del gobierno estadounidense en todo el país, añadió Le Cour, ya que los grupos criminales “entienden que tienen más poder que nadie, más que el gobierno o que las empresas a las que extorsionan”.
Cada vez más, los agricultores y las comunidades vinculadas al comercio agrícola se han visto atrapadas en medio de una guerra territorial, mientras que decenas de miles de personas han sido desplazadas y el gobierno trata de eliminar las bandas y sofocar la violencia.
“Es el conflicto de nunca acabar”, dijo Antonio con amargura, pidiendo que solamente se usara su segundo nombre para proteger su identidad.
Una reciente operación militar realizada en El Aguaje permitió que las familias que huyeron de la violencia de los cárteles regresaran en febrero. Manejaron a través de las nubes de humo que salían del valle que ardía, pasando por la plaza del pueblo en ruinas, con sus edificios marcados por las balas y los grafitis que dicen “CJNG”, sigla de Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de la región.
Algunas personas, como Antonio, volvieron para trabajar en las fincas que se habían visto obligadas a abandonar temporalmente. Muchos regresaron solo para empacar sus pertenencias y marcharse de nuevo.
Casi nadie en El Aguaje creía que las conquistas del gobierno fueran a durar, ya que el pueblo ha sido disputado por varios grupos criminales durante años. Las recientes operaciones militares se centraron en el cártel de Jalisco, pero los huertos recién calcinados eran una clara señal de que otros cárteles se estaban moviendo para llenar el vacío.
En Michoacán, que hasta hace unos meses era el único estado mexicano autorizado para exportar aguacates a Estados Unidos, los cárteles han talado bosques protegidos, lo que obligó a la población a abandonar la tierra para establecer sus propias huertas y han empezado a extorsionar a los productores más chicos, que antes eran considerados demasiado pequeños para valer la pena.
Aunque no hay un cálculo claro sobre el alcance que estos grupos criminales han tenido en el comercio, los beneficios netos de sus operaciones internacionales podrían alcanzar hasta 20 mil millones de dólares al año, casi el dos por ciento del producto interno bruto de México, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a dar su nombre.
En febrero, un grupo criminal incluso amenazó a un inspector estadounidense cuando este rechazó un lote de aguacates del cártel que se estaban haciendo pasar por productos de Michoacán, lo que provocó una breve prohibición estadounidense de los aguacates mexicanos, la primera en las décadas de comercio de aguacates entre ambos países.
La amenaza puso de manifiesto la creciente audacia de las organizaciones criminales de Michoacán, que durante más de 35 años han evitado en gran medida atacar a los empleados del gobierno estadounidense.
El mes anterior, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos fueron tiroteados desde México, probablemente por miembros de cárteles dedicados al tráfico de migrantes. Y en marzo, el consulado estadounidense en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo fue baleado después de que las autoridades extraditaran a Estados Unidos a un líder del cártel.
En 2020, el cártel de Jalisco inició una agresiva campaña para invadir pequeñas ciudades y pueblos al oeste de Michoacán, con el bloqueo de carreteras y tramos de autopista vitales, lo que hizo intransitable gran parte del estado. El año pasado, tomó el control y cavó trincheras a lo largo de franjas de una importante carretera que une el estado y se apoderó de Aguililla, una pequeña ciudad que alberga una base militar; las tropas mexicanas estacionadas allí tuvieron que ser reabastecidas por helicóptero, ya que evitaron enfrentarse directamente a los cárteles.
El cártel, considerado uno de los más grandes y macabros de México, ha desarrollado desde entonces nuevas tácticas para imponer su terror, añadiendo recientemente artefactos explosivos improvisados enterrados en caminos sin asfaltar y campos para aislar a las poblaciones.
Pero incluso después de que las fuerzas gubernamentales ejecutan sus operaciones de limpieza, la zona carece de los efectivos estatales, municipales y federales para defender el territorio. Los agentes de policía son despedidos regularmente por corrupción, se jubilan o renuncian debido a la creciente violencia y la escasa remuneración.
En El Aguaje, los incendios de huertas fueron provocados por los Viagras, un grupo que forma parte de un colectivo criminal llamado los Cárteles Unidos. Esa organización tomó el control en septiembre de 2020 y comenzó a saquear el pueblo.
“La gente armada de allá echando las vigas ahí en las casas, saqueando las casas, robándose lo que podían, ganado, chivos, caballos, de todo”, dijo Antonio. “Se llevaban todo, todo, calzones, hasta de las señoras grandes. ¿Para qué quieren calzones usados?”.
El año pasado, el cártel de Jalisco expulsó a los Viagras y tomó el poder. Ese grupo dejó en gran medida a la población en paz, siempre y cuando los residentes no interrumpieran el flujo de drogas.
Fuera de la localidad, los Viagras empezaron a cobrar impuestos por todo, desde el ganado hasta los limones, y a veces pedían hasta un tercio de los ingresos de los agricultores en un puesto de control. Al final, los militares intervinieron en febrero, pero parecían centrados en sacar solo al cártel de Jalisco.
Cuando ese grupo se retiró, los Viagras incendiaron las huertas para que sus rivales no pudieran resguardarse y ejecutar contraataques contra ellos.
Los analistas de seguridad dicen que la estrategia del gobierno ha sido selectiva, al librar batallas en gran medida contra el cártel de Jalisco, pero no contra los grupos más pequeños que igualmente aterrorizan a los residentes.
“En el pasado hemos visto acciones contra grupos que suponen un problema de relaciones públicas para el gobierno, y las tácticas de Jalisco se estaban volviendo demasiado brutales como para ignorarlas”, dijo Falko Ernst, analista sénior del International Crisis Group.
“No veo señales positivas de que el gobierno vaya a ampliar su actual operación para ir contra otros grupos como los Viagras”, añadió.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder en 2018 haciendo campaña con el lema “abrazos, no balazos”, con la promesa de hacer frente a los cárteles aumentando el gasto en programas sociales.
Pero a mitad de su mandato, la estrategia de López Obrador no ha funcionado. En 2021, el número de desplazados internos —44 mil 905 personas— que huyeron de la violencia de los cárteles casi se quintuplicó respecto del año anterior, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Otros miles se han dirigido al norte, para intentar cruzar a Estados Unidos y pedir asilo.
Eso no impidió que el presidente cantara victoria y anunciara que acabó con el problema de los desplazamientos internos en Michoacán, por lo que los residentes que habían huido ya podían regresar. Poco después de sus declaraciones, 17 personas fueron sacadas de un funeral y ejecutadas, un destacado periodista fue asesinado y un líder comercial local fue asesinado a tiros.
Sin embargo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aliado de López Obrador, dijo que creía que la estrategia del mandatario persuadiría a los residentes para que regresaran.
“El ejército ha hecho un trabajo excepcional de recuperar estos territorios”, dijo Ramírez en una entrevista en febrero. “Y ahora viene la parte del gobierno civil: la infraestructura, la obra hidráulica, de agua potable, de agua para riego, de mejores carreteras, de desarrollo económico”.
El gasto en infraestructura en Michoacán lleva años rezagado con respecto a gran parte del país, pero Ramírez prometió un plan de inversión de US$183 millones para este año, triplicando el presupuesto de infraestructura del estado para 2020.
Con poca fe en que el gobierno los proteja, algunos pueblos han decidido tomar las armas. En Tancítaro —conocida como la capital mundial del aguacate— la población estableció una unidad de autodefensa en 2014, cansada de que los cárteles extorsionen sus cultivos, abusen de sus mujeres y secuestren a sus hijos para pedir rescate.
El presidente municipal de Tancítaro, Gerardo Mora Mora, dijo que tenían que elegir entre defenderse o “veíamos que se estaba acabando todo este futuro que teníamos”.
La región de Tierra Caliente de Michoacán, la zona del cruce del estado donde se asienta El Aguaje, fue recientemente objeto de feroces combates. Hogar del líder del cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “el Mencho” —uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos—, estaba estratégicamente situada para que el cártel moviera la droga, mientras que los Viagras buscaban controlar la región para extorsionar a los agricultores que cultivan limones.
En una reciente visita a Naranjo de Chila, el pueblo natal de Cervantes, un residente recordó cómo los militares y los Viagras sitiaron el pueblo e impidieron la entrada de alimentos durante ocho meses. Durante el asedio, el cartel de Jalisco montó un almacén para distribuir suministros a los habitantes atrapados: medicinas para los enfermos y comida para los hambrientos. El residente añadió que los suministros llegaron en un pequeño avión de hélice.
Los combatientes de Jalisco entrenaban en la plaza del pueblo, donde realizaban ejercicios de adiestramiento ante la mirada de los residentes. En un costado de la plaza había un enorme taller en el que el cártel creaba sus “monstruos”, o vehículos utilitarios deportivos a los que modificaban soldando placas metálicas a las puertas para blindarlos y prepararlos para los ataques.
Tres días antes de que los militares entraran finalmente en Naranjo de Chila, el cártel de Jalisco huyó, según los residentes. Antes de marcharse, usaron una retroexcavadora para enterrar sus armas pesadas.
Algunos residentes acusaron al gobierno de colaborar con los Viagras, lo que Ramírez, gobernador de Michoacán, negó. “Lo que hay es un gran avance del ejército mexicano, del gobierno federal”.
Pero el avance inspiró poca fe.
“El pueblo se sentía más seguro con el cártel de Jalisco”, dijo un residente, que pidió que no se empleara su nombre por temor a represalias. “No nos gustan, pero el gobierno nos gusta menos”.
