En total, desde la creación de la lista negra en enero, se han añadido 18 personas.
En esta ocasión, han sido incluidos los vicepresidentes El Aissami, también ministro de Industrias y Producción Nacional, y Rodríguez.
También figuran Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o Elías José Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación.
Le puede interesar:Venezuela empezó a sentir el costo de la reelección de Maduro
Completan la lista Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral, y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE.
En su reunión de finales de mayo, los ministros ya acordaron tomar nuevas medidas restrictivas “selectivas” y “reversibles” que no perjudicaran al pueblo venezolano en respuesta a las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Venezuela, que la UE no consideró “ni libres ni justas”.
En su opinión, el proceso electoral no ofreció las garantías necesarias para resultar inclusivo y democrático, por lo que llamaron a celebrar nuevos comicios “de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano”.
La Unión Europea (UE) también reiteró entonces la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Los Veintiocho han dejado claro que sus sanciones van enfocadas a promover “soluciones democráticas capaces de garantizar la estabilidad política del país y que permitan a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población”.
A estos funcionarios la UE ha impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la Unión.
Para la Administración de Nicolás Maduro estas medidas, que asegura, son “diseñadas por los sectores más extremistas y guerreristas” del Gobierno de Estados Unidos, atentan “contra la paz política” del país caribeño y “contra la tranquilidad y el diálogo entre los venezolanos y las venezolanas”.
Lea además: En 2017, gobierno de Trump impone amplias sanciones financieras a Venezuela
“El mundo multipolar espera independencia en la conducta de la Unión Europea, ante las evidencias y el peligro del resurgimiento del unilateralismo”, agregó.
Venezuela dice no aceptará “amenazas”
El Gobierno venezolano rechazó lo que consideró como una “agresión continuada e injerencista” por parte de la Unión Europea (UE), luego de que la comunidad política aprobara sanciones contra 11 funcionarios venezolanos, entre los que está la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y dijo que no aceptará “amenazas”.
“Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional contra once altos funcionarios del Estado Venezolano”, según un comunicado de la Cancillería venezolana.
El Ministerio de Exteriores venezolano, que indicó que “es sorprendente la flagrante subordinación” de la UE al Gobierno de Donald Trump, aseguró que “no aceptará amenazas de ninguna potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales”.
En ese sentido, reiteró que el pueblo “venezolano es soberano e independiente” y “que sus instituciones democráticas surgen del sufragio universal y que responderá todas las agresiones con la debida proporcionalidad”.
Contenido relacionado:
>Guatemala está en la lista de los 14 países americanos que desconocen elecciones en Venezuela
>Gobierno de Maduro excarcela a otros 43 presos por “violencia política”
