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El escrito, presentado en la corte del distrito este de Nueva York el pasado viernes, no concreta el objeto de las investigaciones, pero en él se apunta que Hernández usó “el tráfico de drogas para ayudar a hacerse con el poder y el control en Honduras”.
Aunque no se menciona específicamente el nombre de Juan Orlando Hernández, la Fiscalía utiliza el código CC-4 para referirse a él, que ha aparecido con frecuencia en documentos judiciales de EE. UU. relacionados con el caso de Fuentes Ramírez, así como en otros documentos del caso de narcotráfico contra el hermano del presidente, Tony Hernández, cuya sentencia está prevista para el próximo 23 de marzo.
Otros documentos presentados por fiscales estadounidenses relacionados con el caso de Fuentes Ramírez ya señalaban que para 2013, cuando fue elegido presidente, Hernández había aceptado “millones de dólares” de fondos procedentes del tráfico de drogas y “a cambio prometió a los narcotraficantes protección de fiscales, fuerzas del orden y extradición a EE.UU.”.
En el texto presentado el viernes en la corte del distrito este de Nueva York también se subraya que “el Gobierno de Honduras ha facilitado sólo documentos limitados en respuesta a peticiones de pruebas relacionadas con Tony Hernández”.
Apunta además que Honduras tampoco ha “respetado peticiones de extradición” de posibles testigos contra el presidente hondureño, como el exvicealcalde de la localidad hondureña de Gracias, Mario José Calix Hernández, o el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto.
Hernández ha negado cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico, y desde el principio del juicio contra Tony Hernández, que se inició el 2 de octubre de 2019, el mandatario ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones contra su hermano tanto de la Fiscalía como de los testigos narcotraficantes.
El mismo día que arrancó el proceso Hernández tachó de “100 % falsa, absurda y ridícula” la acusación de que él y su hermano recibieron dinero del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Tony Hernández fue declarado culpable el 18 de octubre de 2019 de narcotráfico, pero su sentencia se ha retrasado en numerosas ocasiones, y ahora se espera que se conozca la pena impuesta el próximo 23 de marzo.
