“La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales (…) anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas”, manifestó Uribe en una carta enviada al presidente del Senado, Arturo Char.
El 5 de agosto, el alto tribunal determinó que el exmandatario será privado de su libertad porque, al hacer un “riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal”, encontró “posibles riesgos de obstrucción de la Justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos” que lo involucran.
La decisión de la Corte Suprema ha causado una enorme controversia en el país, donde la figura de Uribe es venerada por sus seguidores y cuestionada con severidad por sus opositores, uno de ellos el senador de izquierdas Iván Cepeda, contraparte en este proceso que aunque menos grave que los muchos otros abiertos contra el expresidente es el que ha llevado más lejos a la Justicia.