En Texas, una nueva ley prohíbe que los fondos de pensiones e inversiones del estado hagan negocios con empresas que, según el contralor del estado, están boicoteando a los combustibles fósiles. Legisladores conservadores de otros 15 estados están promoviendo legislaciones similares.
Funcionarios en Utah y Idaho arremetieron contra una reconocida agencia calificadora por considerar los riesgos ambientales y otros factores, además del balance general, al momento de evaluar la capacidad crediticia de los estados.
En todo el país, legisladores republicanos y sus aliados han emprendido una campaña para tratar de frenar a las que consideran empresas activistas que intentan reducir los gases de efecto invernadero que están llevando al planeta a temperaturas sumamente peligrosas.
“Somos un estado energético y la energía representa cientos de millones de dólares en ingresos fiscales para nosotros”, declaró Riley Moore, el tesorero del estado de Virginia Occidental. “Todos nuestros empleos pertenecen a la industria del carbón y el gas. Es decir, esto es parte de nuestra identidad. Esto es parte de nuestro estilo de vida aquí en el estado. Y nos están diciendo que estas industrias son malas”.
“Estamos frente a una amenaza existencial”, afirmó Moore. “Tenemos que defendernos”.
Al hacer esto, Moore y otros han trasladado el cambio climático del ámbito científico al campo de batalla político. En meses recientes, los conservadores han pasado del discurso fuerte a la acción, y han aprovechado su influencia legislativa y financiera para presionar al sector privado a fin de que abandone las medidas contra el cambio climático y cualquier otra causa que ellos tilden de “concienciada”.
“Existe una iniciativa coordinada para frenar el compromiso corporativo en estos temas”, comentó Daniella Ballou-Aares, directora ejecutiva de Leadership Now Project, una organización sin fines de lucro que busca que las corporaciones combatan las amenazas contra la democracia. “Y es una campaña efectiva. Las empresas están empezando a esconderse”.
Esta resistencia activa ha sido liderada por un grupo de funcionarios estatales republicanos que han contactado a organizaciones financieras, facilitado apariciones en medios de comunicación y amenazado con castigar a las compañías que, entre otras cosas, dejen de invertir en combustibles fósiles.
Han trabajado hombro a hombro con una organización sin fines de lucro que ha pagado anuncios de televisión, puso en circulación camiones con carteles y rentó una valla publicitaria en Times Square que critica a BlackRock por defender lo que ellos llaman causas concienciadas, incluido el ambientalismo.
Estas iniciativas llegan luego de que, durante años, muchos miembros del sector financiero se jactaron de dar prioridad a temas ambientales, sociales y de gobernanza, también conocidos como ESG por su sigla en inglés, y no solo a las ganancias.
Con frecuencia, ese activismo ha creado tensiones con el Partido Republicano, que siempre ha sido el aliado de los grandes negocios. En 2015, Salesforce y otros empleadores importantes amenazaron con retirarse de Indiana después de que el estado aprobara una ley (aunque de inmediato la anuló) que habría permitido que las empresas les negaran el servicio a clientes homosexuales. Nike enfrentó una tremenda reacción negativa por su anuncio de 2018 en el que aparecía Colin Kaepernick, ex mariscal de campo de la NFL que se arrodilló durante el himno nacional para protestar contra el racismo y la brutalidad policiaca.
Ya que los indicios del calentamiento del planeta se han vuelto más evidentes en los últimos cinco años —con tormentas e incendios más destructivos, y olas de calor y sequías históricas— y ha aumentado la presión de parte de clientes y grupos liberales para que se tomen cartas en el asunto, las corporaciones han aceptado la idea de usar el capital y los mercados para crear una economía más limpia. Grupos religiosos, universidades y fundaciones han retirado sus inversiones de las industrias de petróleo, gas y carbón. El fondo de pensiones del estado de Nueva York planea empezar a deponer sus acciones en combustibles fósiles y, el año pasado, Maine se convirtió en el primer estado en solicitar tanto a su erario como a su fondo de pensiones de empleados públicos que desinvirtieran de los combustibles fósiles.
En 2017, cuando el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo de París sobre el cambio climático, más de dos mil negocios e inversionistas —entre ellos Apple, Amazon y Mars— firmaron una petición para continuar las labores a fin de alcanzar los objetivos para combatir el cambio climático.
Más tarde, en 2019, un grupo de líderes empresariales de alto rango prometieron redefinir “el propósito de una corporación” y priorizar el medioambiente, los trabajadores y las comunidades.
Además, el año pasado, en la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en Glasgow, Escocia, un número récord de bancos, inversionistas y empresas se comprometieron a alcanzar el cero neto (el punto en el que sus actividades ya no suman gases de efecto invernadero a la atmósfera) para 2050. Varios de ellos afirmaron ver una oportunidad prometedora en invertir en los nuevos tipos de tecnología necesarios para impulsar una economía que no se base en petróleo, gas ni carbón.
Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, ha estado entre los ejecutivos más francos, puesto que usó su carta anual a los líderes corporativos para implorarles que vieran más allá de las utilidades e hicieran una contribución positiva a la sociedad.
En su carta más reciente, publicada en enero, Fink planteó un argumento a favor de lo que él llama “capitalismo de las partes interesadas”, en el que dijo que hay una justificación comercial lógica para asumir la lucha contra el cambio climático y rogarles a otras empresas que actúen.
“Todas las compañías y todas las industrias serán transformadas por la transición a un mundo con neutralidad de carbono”, escribió Fink. “La pregunta es, ¿dónde estarán ustedes: en la vanguardia o en la retaguardia?”.
Sin embargo, los legisladores republicanos se están organizando cada vez más en torno a sus labores para lentificar el avance corporativo en cuestiones climáticas.
En noviembre, Moore, el tesorero del estado de Virginia Occidental, coordinó una carta firmada por 16 tesoreros y contralores de estado dirigida a los bancos de todo el país, que amenazaba con “entablar una acción colectiva en respuesta al boicot económico continuo y creciente por parte de las instituciones financieras de Estados Unidos contra las industrias tradicionales de producción energética”.
“Nuestra más sincera esperanza es que ninguna institución financiera resulte inadmisible para prestar servicios bancarios a nuestros estados”, rezaba la carta.
En enero, Moore retiró unos US$20 millones de un fondo gestionado por BlackRock, dado que la firma ha motivado a otras empresas a reducir sus emisiones. BlackRock sigue gestionando varios miles de millones de dólares para el sistema de pensiones del estado de Virginia Occidental. “Vamos a dejar de invertir en BlackRock porque ellos ya no están invirtiendo en nosotros”, declaró Moore.
En privado, funcionarios electos de estados conservadores han sido más contundentes.
“Los grandes bancos hacen alarde moral porque se creen muy concienciados”, escribió Gary Howell, representante estatal de Virginia Occidental que promovió un proyecto de ley que buscaba poner en una lista negra a las empresas que dejaran de invertir en combustibles fósiles, en un correo electrónico del 8 de febrero dirigido a Moore. Este mensaje fue obtenido por Documented, un grupo de vigilancia corporativa, en virtud de una petición formal bajo la Ley de Libertad de Información. “O se callan o terminan en la lista, ese es mi objetivo”, escribió.
Howell no respondió a la solicitud para ofrecer comentarios.
Fink de BlackRock se ha posicionado como un blanco principal de los conservadores. En junio, BlackRock se unió a Vanguard y a State Street para ayudar a un fondo de cobertura activista, Engine No. 1, a conseguir tres escaños en el consejo de administración de Exxon con el objetivo de presionar al gigante energético a reducir su huella de carbono.
Meses después, un grupo sin fines de lucro llamado Consumers’ Research recibió un flujo de fondos de donantes confidenciales y empezó a publicar anuncios que atacaban a Fink.
En febrero, Will Hild, director ejecutivo de Consumers’ Research, declaró ante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que Fink y BlackRock habían “ayudado a que tres ambientalistas radicales entraran a la junta directiva de Exxon con el objetivo declarado de que esa empresa no se enfoque en suministrar gas asequible a los consumidores estadounidenses sino en la agenda política personal de Larry Fink”.
Las personas que saben de BlackRock dijeron que la presión no cambiaría la estrategia de inversión de la firma. Pero la compañía ha luchado para limitar las repercusiones en estados como Texas, al enfatizar siempre que obedece los deseos de sus clientes y mantiene una amplia cartera de inversiones.
“Somos quizá el mayor inversionista del mundo en empresas de combustibles fósiles y, como inversionistas longevos en estas compañías, queremos que estas prosperen y sean exitosas”, escribió Dalia Blass, directora de asuntos exteriores de BlackRock, en una carta dirigida a los reguladores de Texas en enero.
La semana pasada, en un evento de The Financial Times en Londres, el director global de inversiones responsables para HSBC Asset Management, Stuart Kirk, ofreció una presentación desafiante titulada: “Por qué los inversionistas no necesitan preocuparse por el riesgo climático”.
Kirk describió el riesgo climático como un problema del futuro muy lejano y puntualizó: “El cambio climático no es un riesgo financiero que deba preocuparnos”, y agregó: “¿A quién le importa si Miami está 6 metros bajo el agua en cien años?”.
