Los planes equivalen a un esfuerzo muy arriesgado para conseguir lo que varias investigaciones sobre Trump no han logrado: impedir cualquier posibilidad de que el expresidente pueda recuperar el poder, lo quieran o no los votantes. Reflejan la creciente preocupación entre los demócratas y los activistas liberales que buscan la manera de acabar con la carrera política del expresidente y de los funcionarios que lo ayudaron a intentar aferrarse a la presidencia, incluso están usando varias estrategias nuevas y en algunos casos poco conocidas.
Los demócratas y algunos republicanos que no apoyan a Trump temen que el fiscal general Merrick Garland no emprenda acciones penales contra Trump por sus esfuerzos para cambiar el resultado de las elecciones de 2020, que culminaron con el ataque violento al Capitolio del 6 de enero de 2021. Aun cuando Trump fuera acusado formalmente y sentenciado por cometer un delito, no hay ninguna ley que le impida incluso a un delincuente en prisión volverse presidente.
Al mismo tiempo, Trump es el supuesto favorito para la candidatura presidencial republicana en 2024. Su popularidad entre las bases de su partido parece no haber disminuido con la serie de audiencias de alto perfil en la Cámara de Representantes de este año que revelan la amplitud de sus esfuerzos para poner en peligro unas elecciones democráticas.
Algunos de los esfuerzos para bloquear su regreso están teniendo lugar en los estados donde la organización sin fines de lucro Free Speech For People y otros grupos como Citizens for Responsibility and Ethics han estado presentando demandas contra los legisladores involucrados en los intentos de Trump de revertir su derrota de 2020.
Este impulso cobró fuerza esta semana cuando un juez en Nuevo México retiró de su cargo como comisionado del condado de Otero en ese estado a Couy Griffin y lo calificó como insurrecto por su participación en los disturbios del 6 de enero, además de ayudar a diseminar las mentiras sobre las elecciones que motivaron el asalto. La acción del juez contra Griffin, fundador de Cowboys with Trump sentenciado a principios de este año por allanamiento cuando atravesó las barricadas del Capitolio durante el ataque, fue la primera vez en más de un siglo que a un funcionario público se le impide ocupar su cargo conforme a la prohibición constitucional de que una persona que sea considerada insurrecta ocupe un cargo público.
Noah Bookbinder, presidente de Citizens for Responsibility and Ethics, una organización apartidista de vigilancia que presentó la demanda contra Griffin, dijo que la sentencia del juez enviaba un mensaje claro de que lo que sucedió el 6 de enero podía considerarse una insurrección y que a aquellos involucrados en la “planeación, movilización e incitación” a la violencia aquel día, incluido Trump, podría impedírseles ser servidores públicos.
Dijo que su grupo estaba estudiando “con detenimiento” cómo llevar a cabo esas impugnaciones contra el expresidente.
“Hay una gran cantidad de pruebas sobre la participación de Donald Trump en los esfuerzos por cambiar los resultados de las elecciones e incitar el ataque del 6 de enero”, comentó Bookbinder. “Parece que tenemos un caso serio que podría aplicar a Donald Trump”, agregó.
Los activistas progresistas también se han reunido con secretarios de Estado y enviado cartas a funcionarios para que vigilen las elecciones con la finalidad de tratar de convencerlos de usar sus facultades para que todos aquellos que hayan participado en el ataque del 6 de enero al Capitolio se queden fuera de las boletas electorales del 2024. Los funcionarios electorales en los 50 estados y el Distrito de Columbia ya recibieron cartas en las que se les exhorta a bloquear a Trump de las boletas electorales.
Y se está trabajando en el Capitolio, donde los demócratas ya redactaron una legislación destinada a aplicar la prohibición de la 14 Enmienda constitucional.
“Si Trump decide contender a la presidencia, estamos listos para impugnar su elegibilidad conforme a la sección 3 de la 14 Enmienda en varios estados”, afirmó Ron Fein, abogado de Free Speech For People, que planea una ofensiva jurídica. “Es difícil llegar a otra conclusión que no sea que no está calificado para ocupar un cargo público conforme a la 14 Enmienda constitucional”.
Un año y medio después de que Trump salió de la Casa Blanca, los demócratas siguen viéndolo como un serio peligro para el país y a muchos de ellos les preocupa cada vez más que pueda regresar al poder, incluso después de una investigación del fiscal especial, dos juicios políticos, una avasalladora victoria electoral en 2020 y una reveladora investigación del Congreso sobre los esfuerzos de Trump para revertir el resultado de las elecciones.
Un vocero de Trump no respondió a la solicitud de comentarios, pero los abogados de Trump saben que podrían superar esas impugnaciones para mantenerlo en la boleta en varios estados, según personas con conocimiento de lo que han dicho. Los abogados han estado atentos a las demandas estatales contra otros servidores públicos.
En las semanas recientes, algunos demócratas de alto perfil del Congreso presentaron una legislación que podría facilitar que dichas demandas logren su objetivo en lo que respecta a Trump y otros políticos involucrados en los acontecimientos del 6 de enero, aunque no tienen posibilidades de hacerlas avanzar.
El representante de Maryland Jamie Raskin , miembro de la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga los ataques del 6 de enero y la representante de Florida Debbie Wasserman Schultz, quien fue presidenta del Comité Nacional Demócrata, presentaron una ley para declarar que el ataque del 6 de enero al Capitolio es una insurrección y para autorizar al fiscal general de que investigue e inicie procesos civiles contra cualquier sospechoso de violar los juramentos para tomar un cargo público. El proyecto de ley también propone autorizar a cualquier ciudadano a presentar una acción civil para descalificar a un servidor público.
Raskin comentó que estaba debatiendo con otros miembros de la comisión que investiga los hechos del 6 de enero la inclusión de la medida entre las recomendaciones del panel —junto con las revisiones de la Ley de Recuento Electoral y otros posibles cambios—, las cuales se espera que obtengan bastante atención cuando se den a conocer en las semanas próximas.
