De acuerdo con Virginia Kice, vocera del ICE en el sur de California, el pasado 29 de mayo había en todo el país 968 mil 238 extranjeros no detenidos con orden final de deportación.
Sin embargo, según un informe de la Oficina del Inspector General de abril pasado, esa cifra es todavía mayor y en agosto de 2016 ICE supervisaba a 2.2 millones de inmigrantes que no estaban detenidos.
Mark Silverman, miembro del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC), advierte de que los inmigrantes con una orden de deportación final y que solicitaron detener el proceso pueden ser repatriados “inmediatamente”, pues tienen “muy pocas probabilidades” de detener un procedimiento a “discreción de los agentes del ICE”.
La anterior administración colocó a muchos de estos inmigrantes al final de la lista de expulsiones del país, pero el cambio en la política migratoria del gobierno de Donald Trump ha puesto a estas personas nuevamente en la mira.
La mayoría de estos migrantes viven desde hace décadas en el país, tienen hijos nacidos en EE. UU. y no tienen antecedentes criminales.
Es el caso Verónica Vela, de 43 años y oriunda de Zacatecas, México, desde llegó hace 28 años al país y tiene tres hijos estadounidenses.
“Estaba embarazada cuando me arrestaron para deportarme, pero me permitieron quedarme por mi estado, y para que no dejara a mis hijos desamparados”, explica Vela.
Desde hace ocho años la mexicana se presenta puntualmente ante ICE y esta obligación podría llevarla a ser deportada como otras madres en su misma situación.
La expulsión de Maribel Trujillo, una madre de cuatro niños que residía en Ohio, y Guadalupe García, madre de tres hijos que vivía en Arizona, fueron dos de los casos más visibles del peligro que enfrentan miles de inmigrantes que están bajo supervisión del ICE.
“Imagínese si a ellas las sacaron con tanto apoyo, qué puedo esperar yo. Lo único que me da miedo es con quién van a quedar mis hijos, yo fui víctima de violencia doméstica y soy la única que responde por ellos”, indica.
El miedo entre aquellos que solicitaron una prórroga a la deportación es latente y cada día está aumentando, advierte el abogado de inmigración Fernando Romo.
José M, un mexicano que no quiso revelar su apellido, dijo que no pretende asistir a la cita que tiene programada para el próximo mes con ICE.
“No puedo dejar que me saquen del país, tengo una familia que depende de mi trabajo y sin mí no la van a hacer”, explica.
El inmigrante sometió una solicitud de asilo político que le fue negada y desde 2012 cumple con citas cada año para demostrar que tras 22 años en Estados Unidos es un trabajador y padre ejemplar.
Silverman califica este tipo de acciones de ICE como “crueles y de mala fe” y una muestra clara de la posición del gobierno de Trump.
“Está empujando a estas personas a convertirse en fugitivos para poder ir contra ellos”, opina.
