Tres internautas que reciben remuneraciones por sus servicios en TikTok habían acudido a un tribunal de Pensilvania solicitando la suspensión de la parte del decreto que prohíbe a las empresas estadounidenses brindar servicios esenciales a la aplicación, como el alojamiento en línea.
Como resultado de una denuncia diferente, un juez de un tribunal de Washington impidió a finales de septiembre que Trump obligara a las plataformas de descarga de aplicaciones móviles a retirar TikTok, subsidiaria de la empresa china ByteDance.
En eso consistía el primer paso de la aplicación del decreto presidencial del 6 de agosto, en el que Trump evoca el riesgo de transferencia de datos de usuarios a China y describe a TikTok como una amenaza para la “seguridad nacional”.
El mandatario exige que la red social pase a ser propiedad de una compañía estadounidense.
En ambos casos, los jueces consideraron que existían buenas probabilidades de demostrar ante los tribunales que Trump se había excedido en su autoridad.
También consideraron que TikTok gozaba de la misma protección que los medios de expresión o información como las películas, las fotografías o las agencias de noticias.
Para responder a las preocupaciones del gobierno, TikTok preparó un proyecto de acuerdo con el cual creará una nueva compañía que incorpore a Oracle como socio tecnológico en Estados Unidos y Walmart como socio comercial.
