Por si se lo perdió
Se trata de los exempleados de la Casa Presidencial Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, quienes son acusados de colaborar en el desvío y lavado de los fondos estatales, y cuyo proceso se desarrolla de manera “común”, dado que el resto de acusados negociaron un “juicio abreviado” con la Fiscalía.
Tania Pastor, una de las defensoras de estas personas, señaló que los imputados no tenían “ningún ánimo de apropiarse” de los fondos del Estado y que obedecieron ordenes “totalmente legales” de la Presidencia.
Agregó que el origen de los fondos del “gasto reservado” del Gobierno que estas personas movieron a cuentas particulares “no era ilegitimo” y el dinero se movía según las ordenes de Saca.
Apuntó que “no hay ninguna legislación que le diga al presidente cómo manejar los fondos reservados”, que supuestamente sirven para el pago de la inteligencia estatal.
En un movimiento legal inesperado, Saca y tres de sus excolaboradores aceptaron durante la primera jornada del juicio confesar -en fecha aún por establecer, en un “juicio abreviado” la forma en la que extrajeron y lavaron más de US$300 millones del presupuesto estatal.
Los otros implicados que se acogieron a este beneficio legal fueron los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente.
El acuerdo estipula que Saca y Charlaix purgarán una pena de 10 años de prisión, mientras que Rank y Funes solo serán condenados a cinco años de cárcel, sin la posibilidad de apelar ni recibir beneficios como la libertad condicional y deberán reintegrar parte de los fondos malversados.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, celebró el acuerdo alcanzado y calificó la futura condena de Saca como un “hecho histórico”.
Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en enfrentar un juicio por delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, fue enviado a esta etapa en el 2015, pero falleció antes de que se instalara.
Partido de Saca recibió US$7.6 millones malversados
El partido que llevó al poder a expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), recibió US$7.6 millones de los más de 300 millones que supuestamente malversó, dijo a periodistas uno de los fiscales del juicio que enfrenta el exmandatario.
“Nosotros hemos mencionado en el momento de los alegatos iniciales (del juicio) que 7,6 millones fueron desviados al instituto político que se encargó de llevar al poder a Saca”, señaló el fiscal, quien pidió el anonimato por razones de seguridad.
Detalló que para trasladar los fondos estatales a las cuentas del partido, ahora en la oposición y con mayoría en el Congreso, se utilizaron cinco cuentas bancarias de particulares, que “se encargaron de recibir el dinero que se sustrajo ilegalmente de la Presidencia de la República”.
Añadió, sin entrar en detalles, que este argumento está respaldado por “documentos de soporte de las operaciones financieras que se realizaron en las cuentas de este instituto político”.
En mayo pasado, durante la realización de la audiencia preliminar de la etapa de instrucción,la Fiscalía reveló que Saca financió con al menos 2 millones de dólares en el 2009 la campaña presidencial de quien pretendía sucederlo en el poder, Rodrigo Ávila.
Presunto cómplice de Saca pide confesar para bajar pena
Uno de los presuntos cómplices del expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009) en la malversación de más de 300 millones de dólares pidió a la Fiscalía que le permita confesar su participación a cambio de una pena baja.
Cindy Rivera, una de las abogadas del ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga, pidió a los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador un “receso” durante la segunda jornada del juicio que enfrenta junto a Saca y otras cuatro personas para finalizar la negociación con la Fiscalía.
La defensa de Rodríguez Arteaga busca que el imputado sea procesado en un “juicio abreviado”, en el que obtendrían una condena de al menos 10 años de prisión a cambio de confesar los delitos de peculado y lavado de dinero.
Tania Pastor, otra de las defensoras de Rodríguez Arteaga, dijo a periodistas, tras la declaración de “receso”, que buscan “llegar a un punto común en cuanto a la pena a aceptar” y que está no debe ser mayor a la de 5 años por cada delito.
Señaló que Rodríguez Arteaga en una primer momento había solicitado un trato similar, pero que el Ministerio Público no aceptó cambiar los delitos de peculado y lavado de dinero a otros con penas menores.
Añadió que los otros exempleados de la Presidencia procesados, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera, no tienen planificado solicitar nuevamente un trato similar y que “su deseo hasta ahora ha sido enfrentar el juicio” común.
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