El caso, que hasta hace poco parecía condenado al fracaso, cobró relevancia desde que el pasado 17 de mayo salió a la luz una grabación en la que Temer parece dar aval al pago de un soborno, y que disparó los pedidos de renuncia e impeachment en su contra.
Ese audio, incluido en las declaraciones premiadas de ejecutivos del imperio cárnico JBS, desató una tormenta política en el gigante latinoamericano a sólo un año de la destitución de Dilma Rousseff, de quien Temer era vicepresidente.
Justamente, la elección de 2014 en la que fue reelecta la fórmula Rousseff (PT, izquierda) -Temer (PMDB, centroderecha) está en el centro de las discusiones del TSE, que acumula ahora todas las miradas en Brasil, incluidas las de la tambaleante base aliada gubernamental.
Los siete jueces de la corte juzgarán por la tarde si en esa campaña hubo abusos de poder y financiación ilegal procedente del megafraude a Petrobras, atendiendo una denuncia de 2014 del socialdemócrata PSDB que, paradójicamente, se convirtió luego en socio clave de Temer.
Organizaciones de izquierda ya han anunciado manifestaciones en las inmediaciones del tribunal para pedir la salida del presidente, cuya popularidad estaba por debajo del 10% antes de que estallara la crisis y que el Supremo Tribunal Federal (STF) le abriera una investigación.
Aunque el juicio en el TSE está previsto para terminar el jueves, expertos consultados coinciden en que hay muchas probabilidades de que se alargue por semanas si uno de los magistrados pide “vista” para suspender el debate y revisar el caso.
El entorno presidencial está convencido de que Temer será absuelto pero, en caso de condena, existen también varios mecanismos prolongados de apelación.
Guerra velada con la fiscalía
Negándose tajantemente a renunciar, Temer trataba de mostrar normalidad el lunes al encabezar varios actos de gobierno, en los que defendió su gestión y sus impopulares reformas promercado para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.
El mandatario, de 76 años, se apoya en el tímido crecimiento económico del primer trimestre de este año (+1%) y la leve disminución del desempleo récord, que afecta aún a 14 millones de brasileños.
Y mientras su gobierno hace esfuerzos para que la reforma laboral -pendiente de aprobación junto a la de jubilaciones- avance en el Congreso, varios dolores de cabeza van complicando el camino de Temer.
El lunes en la tarde, los abogados del presidente recibieron un cuestionario con 84 preguntas dentro de la investigación del STF, que Temer deberá responder por escrito en 24 horas, antes de que inicie el juicio en el TSE.
Aunque tiene derecho a guardar silencio, la defensa del mandatario ya había manifestado sus temores de que se recibiera ese cuestionario de la fiscalía.
El domingo, el abogado del presidente, Gustavo Guedes, denunció que habría “movimientos e iniciativas” supuestamente orquestadas por el fiscal general, Rodrigo Janot, en vísperas del juicio “en un intento para presionar al tribunal a condenar al presidente”.
Janot acusa a Temer de corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia en base a las declaraciones y pruebas explosivas que los ejecutivos de JBS dieron a la dependencia a cambio de beneficios judiciales.
Varios frentes abiertos
Pero hay otros fantasmas que merodean esta semana en los bastidores del palacio de Planalto, como la posible salida de la coalición gubernamental del PSDB, que supondría una sentencia de muerte para Temer.
Otro factor que podría poner en aprietos al presidente sería una declaración premiada de uno de sus hombres de confianza, el exdiputado Rodrigo Rocha Loures, detenido el sábado en Brasilia.
El exasesor presidencial, señalado por JBS como la persona directamente designada por Temer para recibir sobornos, fue filmado cuando recibía una maleta con unos US$150 mil de un emisario de la empresa.
14 millones de brasileños son afectados por el desempleo.
Y, en ese clima incierto, hay otro frente que preocupa a la defensa de Temer: la posibilidad de que Janot presente formalmente cargos contra el presidente.
La denuncia del fiscal debería ser aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados para luego ser aceptada por el STF. En ese momento, Temer se convertiría en un imputado y estaría obligado a separarse del cargo.
Si Temer cayera, la Constitución dice que el Congreso debe elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.
Con decenas de legisladores investigados por corrupción, miles de brasileños piden que el desenlace a esta nueva crisis se resuelva en las urnas con elecciones directas.
