Willie Smith, de 52 años, iba a recibir una inyección letal en la cárcel de Holman, en Atmore, en el estado de Alabama, en el sureste de Estados Unidos.
En 1991, el condenado había secuestrado a una mujer de 22 años ante el cajero automático de un banco y, amenazándola con un arma, le obligó a darle su código de tarjeta de crédito.
Después, la llevó por la fuerza a un cementerio y la mató de un disparo en la cabeza. Puso el cuerpo en el automóvil de la joven y le prendió fuego.
Un año después fue condenado a muerte por un jurado. Desde entonces, sus abogados han intentado evitar el cumplimiento de la pena, subrayando los problemas mentales del condenado.
En las últimas semanas introdujeron de nuevo varios recursos, entre ellos la necesidad de que un capellán estuviera en la misma habitación que Smith cuando recibiera la inyección letal, algo que en este momento está prohibido en la prisión debido a la pandemia del coronavirus.
Smith deseaba que un religioso le acompañara en este ese momento y la justicia le dio la razón el miércoles último. Las autoridades de Alabama se opusieron a la decisión y apelaron ante la Corte Suprema, que rechazó su solicitud el jueves por la noche.
Los jueces consideraron que “no se puede ejecutar a Smith sin que esté presente el pastor” que el condenado había solicitado. Su ejecución podría tener lugar en las próximas horas si el estado autoriza la presencia del religioso en la habitación.
El gobierno del expresidente Donald Trump reanudó las ejecuciones el pasado julio y desde entonces se aplicaron 13 condenas a muerte. El presidente Joe Biden se opone a la pena capital, que ya ha sido abolida en 22 estados del país y en otros tres está suspendida temporalmente.
