Ese trámite se paralizó tras el accidente aéreo ocurrido la semana pasada en el que falleció el juez Teori Zavascki, instructor de la investigación en Petrobras en la Corte Suprema.
Las declaraciones serán tomadas por el equipo que trabajaba en el caso con Zavascki, lo que evitará retrasos en la instrucción del considerado como el mayor proceso anticorrupción de la historia de Brasil.
Durante esas entrevistas, los exdirectivos de Odebrecht deberán confirmar las declaraciones que ya prestaron al Ministerio Público, cuyo contenido está bajo secreto judicial pero que, según fuentes citadas por la prensa local, pueden tener un efecto devastador en la política nacional.
Según diversas fuentes, esos testimonios, ofrecidos en el marco de acuerdos de cooperación judicial, pueden desvelar la actuación en esa trama corrupta de unos 200 políticos, entre los cuales se afirma que hay tanto diputados, como senadores y gobernadores.
Corrupción para campañas electorales
Las revelaciones pudieran alcanzar incluso al presidente de ese país, Michel Temer, quien según la prensa local ha sido acusado por uno de los declarantes de recibir dinero de la corrupción para campañas electorales, al igual que algunos de sus actuales ministros.
La presidenta de la corte aún tiene pendiente la designación de un nuevo instructor, que en principio sería el responsable de la homologación de las declaraciones, lo cual le daría el carácter legal necesario para que esos testimonios sean usados en la investigación.
Según las normas que rigen el proceso, una vez homologadas, las declaraciones deberán ser publicadas y su contenido remitido a la Policía Federal para las correspondientes investigaciones.
La propia Odebrecht, así como otras grandes empresas que formaron parte de la red corrupta que se instaló en Petrobras, ha reconocido que durante años obtuvo numerosos contratos amañados con la estatal petrolera, que le eran adjudicados en forma fraudulenta.
Esos acuerdos implicaban inflar los valores de los contratos y repartir luego la diferencia con exdirectivos de la propia Petrobras y con políticos que amparaban y facilitaban esas irregularidades.
Hasta ahora, la justicia ha comprobado que en la trama corrupta participaron decenas de políticos de los más importantes partidos del país, así como una veintena de grandes empresas, en su mayoría constructoras.
