La postura de ambas organizaciones es resultado de unas 30 reuniones con representantes de la sociedad civil durante una visita a Nicaragua entre el 13 y el 15 de agosto, donde conocieron denuncias y reclamos de grupos que se sienten vulnerables ante las acciones del gobierno de Daniel Ortega.
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Fueron representantes de medios de comunicación, periodistas independientes y agrupaciones estudiantiles, campesinas y empresariales que forman la Alianza Cívica por la Justica y Democracia, quienes sostuvieron la reunión con los representantes de la SIP y RSF.
La SIP y RSF conocieron denuncias de “altos niveles de represión por parte de fuerzas policiales en contra de participantes de protestas sociales (…) ello incluye agresiones por parte de grupos paramilitares que emplean contra la población armas de alto calibre, lo que ha traído un escalamiento constante de víctimas mortales”.
Entre las conclusiones de las entidades de prensa, destacó la falta de espacios donde se puedan presentar denuncias y reclamos de las agresiones sufridas, esto por la falta de independencia del poder político.
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“Las prácticas de agresión en contra de periodistas independientes, se ha manifestado en amenazas, persecución, intimidación y campañas de difamación, en especial en casos que involucran a periodistas del interior del país, entre cuyos casos graves se destacan la explosión contra las instalaciones y trabajadores de Radio Darío en la ciudad de León y el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona en la localidad de Bluefields”, resalta el comunicado.
Demandas de la SIP y RSF al gobierno nicaragüense:
- Cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como a través de cibermilitantes que actúan para difamar e insultar a los periodistas independientes en las redes sociales.
- Realizar investigaciones profundas de todos los actos violentos en contra de periodistas y medios de comunicación y la aplicación severa de la ley a todos los responsables, para evitar que la impunidad genere mayor violencia.
- Respetar y cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas y sus familiares que fueron agredidos y amenazados, proveyéndoles con mecanismos oficiales de seguridad, además de crear fiscalías especiales y un sistema de protección para periodistas como existe en otros países latinoamericanos.
- Reclamar – bajo el espíritu de la Declaración de Chapultepec, que cita que la libertad de prensa y la democracia constituyen un binomio indisoluble, así como de la Carta Democrática Interamericana – la necesidad de que el Gobierno y las institucionales nacionales e internacionales busquen el marco adecuado y definitivo para mantener un diálogo de respeto y tolerancia que permita una salida democrática a la grave crisis político social que se vive en el país.
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