El activista, que fundó en el 2013 un grupo de autodefensas en ese poblado ante el acoso de narcotraficantes, “pertenecía a la organización de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) de la Policía comunitaria” , indicó la fiscalía.
Jiménez encabezó una comisión de la UPOEG de búsqueda de los 43 estudiantes de la escuela rural para maestros de la comunidad de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, inmediatamente después de que policías corruptos y sicarios de un cartel de drogas local balearan los autobuses en los que se desplazaban por Iguala tras efectuar una colecta.
La fiscalía mexicana sostiene que el cartel Guerreros Unidos asesinó a los estudiantes porque los confundió con una agrupación criminal antagónica, aunque sólo uno de ellos ha sido identificado mediante pruebas de ADN a restos humanos encontrados en un río de una región de Guerrero donde habrían sido calcinados.
La UPOEG se erigió en enero del 2013 como un grupo de autodefensa para hacer frente a los embates de narcotraficantes, una iniciativa que se replicó en el vecino estado de Michoacán, bastión del cartel Los Caballeros Templarios, señalados como los responsables de extorsiones, secuestros y asesinatos, y otras regiones.
Tras la detención y abatimiento de los cabecillas de ese cartel, que también operaba en Guerrero, el gobierno mexicano decidió disolver las autodefensas en mayo de 2014 para que sus miembros pasaran a formar parte de un nuevo cuerpo oficial de Policía rural.
Acapulco, donde se encuentra el turístico puerto homónimo en el Pacífico mexicano, es el municipio de Guerrero que concentra el mayor número de investigaciones abiertas por homicidios dolosos, con 1.982 de los 4.750 casos reportados en los últimos tres años.
El fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, aseguró en días recientes que los homicidios registrados en las últimas fechas en Acapulco, incluyendo aquellos en que las víctimas son mujeres, obedecen a la rivalidad entre bandas delictivas.
