Estas acusaciones, sobre las que no se investigó o se tomó acción disciplinaria alguna, incluyen casos de palizas, negación de atención médica y abusos de autoridad.
El texto, de más de 80 páginas, recoge decenas de duros casos a los que el sistema de escrutinio interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha dado una respuesta.
Entre ellas, está la historia de Berto, quien pidió agua a un agente de la Patrulla Fronteriza que lo encontró en el desierto, después de haber caminado durante ocho días, y recibió una paliza que lo dejó inconsciente.
“Si quieres agua, hay agua en tu país”, le gritó el agente mientras le pegaba, según el testimonio recogido en el informe. Cuando Berto recuperó la consciencia, el agente que lo golpeó le dijo que se fuera caminando hacia México, pero él ya estaba muy malherido para moverse.
El agente al final accedió a llevarlo a un hospital, donde Berto intentó contar su historia y denunciar con otro agente el maltrato al que había sido sujeto, pero no le hizo caso. Al poco tiempo, fue deportado a Nogales, en el norte de México.
En otra instancia recogida en el informe, las autoridades de la Patrulla Fronteriza se negaron en varias ocasiones a dar atención médica a Evelyn, quien tenía ocho meses de embarazo y llevaba horas sin sentir a su bebé después de haber caminado durante un largo rato en el desierto, donde fue encontraba por las autoridades.
Ese mismo día, la expulsaron de vuelta al lado mexicano de la frontera en Nogales y, a la mañana siguiente, cuando pudo acudir a un centro médico, le dijeron que su bebé ya no tenia vida.
Denuncias que se pierden en la nada
El extenso reporte subraya las falla en el proceso de escrutinio de las autoridades migratorias.
Las organizaciones denuncian que, de no ser por el trabajo de “actores externos” como defensores de derechos humanos, periodistas o incluso las propias víctimas, no se darían a conocer las instancias de abuso, ya que raramente son reportadas por el propio personal.
Las investigaciones de muchas de estas denuncias, señala el reporte, no ocurrirían sin el trabajo de actores externos como son los defensores de los derechos humanos, los periodistas, denunciantes y las propias víctimas.
Y es que, aún cuando se decide poner una denuncia formal, los casos se ingresan en bases de datos “sin que se les haga seguimiento”, se cierran a causa de litigios o porque “no hubo una violación de la política”.
“Es difícil decirle a alguien que ha experimentado abuso por parte un oficial de migración y que quiere poner una denuncia, que en la mayoría de los casos no recibimos respuesta”, señaló Zoe Martnes, coordinadora en Kino Border, en un comunicado.
La falta de escrutinio es tan grave, subrayó Adam Isaacson, investigador en WOLA, que facilita que se lleven a cabo estos abusos.
“La falta de rendición de cuentas está tan extendida que ayuda a cimentar una cultura que permite las violaciones de derechos humanos. Los abusos siguen llegando porque lo más probable es que haya impunidad”, destacó el experto.
El informe expone más de 40 recomendaciones al gobierno para acabar con esta lacra, entre ellas aumentar la penalización para los agentes que cometen abusos, mejorar el sistema de denuncias y permitir un mayor escrutinio por parte del Congreso de EE.UU.
