DACA es el programa que Barack Obama aprobó en 2012 para proteger de la deportación a estos jóvenes sin papeles -el 80 por ciento mexicanos- dándoles permisos de residencia y de trabajo temporales. Ahora mismo hay algo menos de 700 mil beneficiarios, el 80 por ciento de ellos nacidos en México.
Trump canceló DACA en septiembre, extendiendo la protección hasta este 5 de marzo e instando al Congreso a aprobar una solución legislativa para los “dreamers” (soñadores) antes de que expire.
“El 5 de marzo se aproxima rápidamente y a los demócratas no parece importarles DACA. ¡Hagan un acuerdo!”, añadió en su tuit de este lunes.
El mandatario ha ofrecido legalizar la situación de 1.8 millones de jóvenes sin papeles -más del doble del máximo de beneficiarios que ha llegado a tener DACA- y abrirles la vía a obtener la nacionalidad estadounidense en 10 o 12 años.
El problema para los demócratas son las condiciones que pone: quiere US$25 mil millones para el muro en la frontera con México y para incrementar las deportaciones del resto de los indocumentados y pretende modificar el sistema legal de inmigración de forma que esta se reduzca drásticamente, entre otras cosas limitando la capacidad de reagrupación familiar de quienes adquieren la nacionalidad.
La propuesta de McCain y Coon prevé legalizar la situación de los “dreamers” que se encuentren en el país desde 2013 y comenzar a reforzar la seguridad a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, pero no autoriza automáticamente la partida de US$25 mil millones que quiere Trump.
Tampoco aborda el cambio del sistema legal migratorio que quiere Trump, que también pretende eliminar el tradicional sorteo anual de 50 mil “green cards”, los permisos de residencia permanentes, entre ciudadanos de países con bajas cuotas inmigratorias.
La propuesta de McCain y Coon se suma a otras presentadas por legisladores en el Congreso. Pero para que alguna pueda salir adelante, son varios los obstáculos más allá del de conseguir el número necesario de votos.
Primero tiene que ser votada y no toda propuesta llega a ser votada. Y una ley que saliera del Congreso debe contar con la firma del presidente para poder entrar en vigor y el mandatario puede negarse.
La fecha del 5 de marzo no es el único plazo que acucia. Esta semana debe aprobarse el nuevo presupuesto que financie la administración federal para evitar un nuevo “shutdown” o cierre de Gobierno.
Los demócratas, con una amplia base de votantes hispanos, exigen desde hace meses una solución para los “dreamers” a cambio de apoyar el presupuesto para 2018. Desde que comenzó el año fiscal el 1 de octubre, ha habido que prorrogar el del año anterior por eso.
Según publicó este lunes Politico, algunos senadores se inclinan por aprobar una extensión temporal de un año en la protección a estos jóvenes y dar algo de financiación para el muro para sortear de momento las dos fechas límite.
