“Las numerosas llamadas de clemencia, incluidas las de la UE, no fueron escuchadas” , añade.
El SEAE reconoce, no obstante, la gravedad de los crímenes de que se le acusaban, pero sostiene que en cualquier caso la UE se opone a la aplicación de la pena capital en cualquier circunstancia e insta a su abolición universal.
Sobre Prieto, de 49 años, pesaban tres condenas a muerte por otros tantos asesinatos cometidos entre 1988 y 1990.
Su ejecución fue la primera aplicación de la pena de muerte en el estado de Virginia desde hace casi tres años, y la primera por inyección letal desde el 2011.
Prieto fue sentenciado a muerte en el 2010 en Virginia acusado del homicidio de una pareja de jóvenes ocurrido más de dos décadas antes.
Rachael Raver y su novio, Warren Fulton III, fueron asesinados a tiros y sus cadáveres hallados en una zona boscosa pocos días después de que fueran vistos en un establecimiento nocturno en Washington, D.C.
Prieto ya se encontraba en el pabellón de la muerte en California en esa fecha después de que lo declararan culpable de la violación y homicidio de una adolescente de 15 años.
Fue relacionado con los homicidios en Virginia mediante pruebas de ADN.
Las autoridades de California aceptaron enviar al preso a Virginia ante la lógica de que era más factible que en ese estado le aplicaran la pena capital.
Prieto estaba vinculado con otros seis homicidios en California y Virginia, dijeron las autoridades, pero jamás fue enjuiciado por esos delitos porque ya estaba sentenciado a muerte.
Prieto se convirtió en el primer recluso al que se ejecuta en Virginia en casi tres años.
El protocolo para la aplicación de inyecciones letales en Virginia prevé el uso de pentobarbital, un sedante, al inicio de la ejecución, seguida de la administración de bromuro de rocuronio, que detiene la respiración del recluso, y de cloruro de potasio, que detiene los latidos del corazón.
Prieto parecía tranquilo cuando ingresó en la cámara de ejecución a las 20.53 horas.
El alcaide se colocó detrás de la cortina a las 21:09 horas y poco después las autoridades comenzaron la administración de los fármacos.
Los abogados del salvadoreño habían sostenido que padecía discapacidad mental en un intento para salvarlo de la pena de muerte, pero una corte federal de apelaciones en Virginia se la ratificó en junio, en tanto que la Corte Suprema federal rehusó el jueves impedir su ejecución.
