La jurista detalló que la orden se hizo efectiva hasta el 20 de diciembre de ese año porque el juez se negó a tramitar el traslado de Flores de los calabozos de la División Antinarcóticos de la Policía hacia su residencia.
“En el momento en el que se le pretende hacer llegar al juez el expediente con la resolución emitida, él se niega a recibirla”, relató Ticas.
Detalló que los jueces salvadoreños poseen inmunidad, por lo que “hay que seguir un trámite interno” para que “se deduzcan responsabilidades” y las consecuencias “van desde una suspensión, hasta una destitución”.
Añadió que este proceso podría concluir en una causa penal contra el juez Argüello, dado que la esposa del exjefe de Estado presentó un escrito ante la Fiscalía en el que consta la conducta del juzgador.
No obstante, el ente fiscal no puede actuar de oficio en este caso porque debe esperar la resolución de la investigación interna y un posible proceso de desafuero.
Mínimas posibilidades
El expresidente Flores tiene un daño neurológico irreversible tras sufrir un derrame cerebral y sus posibilidades de vida son mínimas, reconocieron el viernes los abogados querellantes que dijeron tener conocimiento de un informe de un grupo de médicos.
Flores, de 56 años, fue trasladado de emergencia el domingo a un hospital privado donde fue operado para desbloquear la artería obstruida y cayó en coma.
“Efectivamente pudimos constatar por el informe que emiten los médicos del Hospital Rosales que las posibilidades de vida de él son mínimas y que tiene daño neurológico irreversible, y que además es un daño cerebral extenso”, dijo la abogada Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, una de las organizaciones querellantes en el juicio contra Flores.
Robles dijo que el caso eventual que el expresidente muera, “allí se extingue la responsabilidad penal, entonces a la Fiscalía le corresponde cesar el seguimiento contra el señor Flores porque se extingue la responsabilidad penal, no así la responsabilidad civil”.
La abogada indicó que los querellantes han insistido, sin embargo, que se incluya el delito de lavado de dinero, porque si Flores muere y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia establece que debe incluirse el delito de lavado de dinero, se podrá perseguir a otras personas más allá del exmandatario.
Los querellantes pretenden procesar por lavado de dinero a todas las personas naturales o jurídicas que han sido mencionadas dentro del proceso, entre ellos algunos miembros del partido Alianza Republicana Nacionalista, donde según las investigaciones fueron a parar mas de US$10 millones.
Peritos forenses del estatal Instituto de Medicina Legal también verificaron la condición del exmandatario y confirmaron que su estado de salud es crítico, por lo que recomendaron que continuara recibiendo cuidados médicos especializados.
Responsabilidad civil
La querella del proceso judicial contra el expresidente salvadoreño Francisco Flores, hospitalizado en “coma clínico” , dijo el viernes que la responsabilidad civil del exmandatario, acusado de apropiarse de millones de dólares, no se extingue si este muere.
Ramón Villalta, director ejecutivo de una de las organizaciones con representación en la querella, explicó en conferencia de prensa que si Flores fallece “significa que la responsabilidad y el proceso penal en su contra concluyen” , pero no su obligación civil por los cargos de corrupción en su contra.
“La responsabilidad civil tendrá que ser determinada” y “en caso de existir, tendrá que seguirse un procedimiento para la recuperación, por parte del Estado, de esos bienes” , explicó Villalta.
Flores, quien gobernó El Salvador entre 1999 y 2004, es acusado de apropiarse de 5 millones de dólares y desviar otros 10 millones de donaciones taiwanesas destinadas a obras de reconstrucción y de atención a víctimas de dos terremotos que afectaron al país en 2001.
Las cargos que pesan contra el ex jefe de Estado son peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de terceros.
Durante la audiencia preliminar del caso, el juez Miguel Arg ello, del Juzgado Séptimo de Instrucción, incorporó el delito de lavado de dinero, pero la Cámara Primero de lo Penal lo suprimió el 18 de diciembre de 2015, porque este no estaba incluido dentro de la acusación de la Fiscalía salvadoreña.
La querella, formada por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) , que dirige Villalta, y la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD) , solicitó el 11 de enero a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema anular la decisión de la referida cámara.
Villalta explicó que si dicha sala “resuelve favorablemente” la Fiscalía podría iniciar “la investigación en contra de las personas naturales y jurídicas” señaladas por colaborar en el lavado de dinero.
Según la querella, las personas jurídicas involucradas en este caso son el Centro de Estudios Políticos “Rodríguez Porth” , el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) , que llevó al poder a Francisco Flores, y el Banco Cuscatlán.
De acuerdo con un informe médico elaborado por médicos especialistas de la sanidad pública, Flores padece un “deterioro neurológico irreversible” tras sufrir un “infarto extenso con edema cerebral severo” .
El expresidente, quien sufre de trombosis en su pierna derecha y problemas de vesícula, también fue hospitalizado de urgencia el pasado 22 de diciembre, tras sufrir un sangrado interno, pero en esa ocasión no llegó a perder la consciencia, como en esta oportunidad.
El mismo ya había sido hospitalizado durante 19 días en octubre del 2014 por la trombosis que padece y los problemas biliares.
