Dimter y otras 10 perrsonas enfrentan cargos de ser autores, cómplices y encubridores del crimen de Jara, uno de los folcloristas más destacados y populares durante el gobierno socialista de Salvador Allende, derrocado el 11 de septiembre de 1973.
Los acusados permanecen en libertad bajo fianza y esperan que el juez del caso, Miguel Vásquez, dicte sentencia en una de las investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos más antiguas en Chile, la cual se remonta al 12 de septiembre de 1978. Debido a su antigüedad -del caso- está bajo el sistema penal anterior, donde es el mismo juez quien investiga, procesa y dicta el veredicto.
Anteriormente fue declarado responsable del crimen el exoficial del ejército Pedro Barrientos, nacionalizado estadounidense. Se le atribuyeron cargos de tortura y asesinato extrajudicial de Jara por un tribunal de Orlando, Florida, a mediados de 2016, y se le sentenció a pagar una compensación por daños y perjuicios de US$28 millones a la familia del artista. Además está pendiente su extradición a Chile.
La manifestación de repudio fue organizada por la Comisión Funa, que periódicamente y tras una meticulosa investigación ubica a violadores de los Derechos Humanos que permanecen impunes, o están procesados a la espera de condenas, o fueron liberados por los tribunales de justicia. En Chile se le llama funa a una protesta de denuncia.
“Para nosotros esta acción es histórica porque hemos 'funado' a uno de los peores criminales que ha tenido nuestro pueblo”, dijo a The Associated Press Juan Saravia, uno de los líderes de la Comisión.
La Comisión Funa empezó a actuar en Chile en 1999 a ejemplo de las protestas de denuncia que en Argentina, España, Paraguay y Uruguay denunciaban a los criminales.
El numeroso grupo de manifestantes llegó al lugar a bordo de dos autobuses y caminó lentamente hasta el condominio, mientras algunos pegaban en muros, rejas y postes un volante con el rostro de Dimter por una cara y por la otra un breve resumen de su pasado.
Dimter ya había sido sujeto de una protesta de repudio en 2006, cuando en plena democracia laboraba en el Ministerio del Trabajo, ocasión en que los manifestantes lo encararon en su oficina. El sábado no se le vio.
Esta manifestación de protesta destaca “porque se espera que extraditen a Chile -a Barrientos- para que se dicten todas las sentencias. Es el pueblo el que hizo justicia, ahora se espera que el Estado haga justicia”, añadió Saravia.
No son pocos los violadores de los derechos humanos que permanecen sin castigo en Chile, y varios se encuentran ya en una ancianidad avanzada sin que hayan rendido cuenta de sus crímenes, lo que incrementa la “impunidad biológica” que organizaciones como la Comisión Funa buscan revertir.
Las familias de las víctimas también están envejeciendo sin saber el destino de más de un millón de desaparecidos durante la dictadura de 1973 a 1990, que según cifras oficiales dejó tres mil 65 asesinados y más de 37 mil presos políticos o torturados.
