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La primera ministra Theresa May anunció la investigación en 2017, calificando del caso de “tragedia que causó dificultades y dolor inconmensurables a los afectados”.
Presidida por el exjuez del Tribunal Superior Brian Langstaff, la investigación, que debe durar dos años y medio, considerará “si hubo intentos de ocultar detalles de lo ocurrido” mediante la destrucción de documentos o retención de información.
También analizará si esos intentos fueron deliberados y si “hubo una falta de sinceridad u honestidad” en las respuestas del gobierno, la administración del NHS y otros responsables.
El abogado Des Collins, que representa a numerosas víctimas y grupos asociados, consideró que este era “un día que pocos pensaban que llegarían a ver”.
Debido a la escasez de productos sanguíneos en Reino Unido, el NHS compró gran parte de su reserva a abastecedores estadounidenses cuyos donantes, entre los que había presos y otros grupos de riesgo, habían cobrado por su sangre.
Una investigación anterior concluyó en 2009 que el gobierno debería haber actuado antes para lograr que los suministros de sangre en el país fuesen autosuficientes en lugar de depender de las importaciones.
También pidió que se compensase a los afectados. Una decisión del Tribunal Superior permitió en 2017 a las víctimas y sus familias a pedir compensaciones en el sistema de justicia británico.
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