“Nosotros, como SJH, a fecha 2 de enero de 2024, tenemos en nuestros registros confirmada la muerte de 218 salvadoreños durante el régimen de excepción”, indicó Escobar.
Agregó que solamente el 6% de estas personas fallecidas en centros penales había sido perfilada de supuestamente pertenecer a pandillas, mientras que el 94% no.
“Ninguno había sido condenado, todos estaban en fase de investigación, algunos esperando la audiencia especial de revisión de medidas, que nunca llegó”, añadió la defensora de derechos humanos.
Apuntó que “entre estos fallecidos hay principalmente agricultores, jornaleros, sindicalista, jóvenes, 12 mujeres” y agregó que eran de escasos recursos.
Denunció que “el 60% han sido muertes violentas”, dado que “hay señales de tortura, de golpes, estrangulamiento” y otro 30% no recibió atención médica adecuada.
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De estas muertes, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo a mediados del 2023 que se archivaron 142 casos, porque “no constituyen delito”.
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 21 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno.
De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 74 mil las detenciones, de las que más de 7 mil personas habrían salido en libertad condicional.
Las organizaciones humanitarias han registrado al menos más de 6 mil “víctimas directas”, de las que más del 50% son jóvenes y la gran mayoría habría sufrido detenciones arbitrarias.
El Gobierno atribuye a este régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, gran parte de la disminución de la violencia.
La cifra oficial de homicidios al cierre de 2023 se situó en 194, un 60.8% menos que las reportadas en 2022, según indicó el martes 2 de enero a EFE un enlace de prensa de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.
La cantidad de muertes violentas en el país centroamericano comenzó a descender después de 2015, año que se colocó como el más violento en la historia reciente salvadoreña con 103 homicidios por cada 100 mil habitante, y la caída se acentuó en 2019, cuando comenzó la administración de Nayib Bukele.
Amnistía Internacional (AI) advirtió a inicios de diciembre que la “violencia” ejercida por el Estado salvadoreño”, en el marco del un régimen de excepción “reemplaza gradualmente” a la ejercida por las pandillas en las comunidades empobrecidas.
