Internacional
Reforma judicial en México: Qué propone, por qué existe rechazo y qué preocupa a los mercados
La Cámara de Diputados de México, dominada por el oficialismo de izquierda, se apresta a votar este martes 3 de septiembre una polémica reforma del poder judicial en medio de bloqueos de trabajadores que obligaron a los congresistas a sesionar en un coliseo.
Mujeres participan en una protesta en contra de la reforma impulsada por el oficialismo en Ciudad de México, México. (Foto Prensa Libre: EFE)
A la huelga que mantienen jueces y trabajadores de juzgados desde hace dos semanas en varios estados se sumaron unos mil empleados de la Suprema Corte, cuyos ministros suspendieron las sesiones en apoyo al paro.
Los magistrados del supremo volverán a valorar la situación el próximo lunes 9 de septiembre, según un comunicado emitido este martes 3.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador es que los jueces y ministros sean elegidos por voto popular de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
López Obrador, cuya popularidad ronda el 70%, dijo en su conferencia de prensa de este martes 3 de septiembre que los funcionarios judiciales tienen derecho a "defender sus privilegios".
El mandatario ha acusado a jueces y ministros de favorecer la corrupción de cuello blanco y a grupos criminales, pero el principal destinatario de sus críticas es el máximo tribunal, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad.
López Obrador señala a los jueces de la Suprema Corte de haberse convertido en aliados de la oposición y de tener ingresos por encima de lo legal.
La reforma también abrió un frente de tensión con Estados Unidos, que asegura que "amenaza" la relación comercial en el marco del T-MEC y sería un "riesgo" para la democracia mexicana, pues a su juicio el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces.
"Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Hay muchísima preocupación", reiteró este martes a periodistas el embajador estadounidense, Ken Salazar.
Canadá -también socio del T-MEC- ha advertido sobre riesgos para la seguridad jurídica de las inversiones.
El presidente mexicano, quien entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, rechazó esas expresiones como "injerencistas".
Sede alterna
Desde antes del amanecer, cientos de empleados judiciales bloquearon este martes 3 de septiembre con autos las calles que conducen a la Cámara, mientras otros colocaron cintas para impedir el paso peatonal.
Esto obligó al bloque oficialista a sesionar en un polideportivo del este de la capital, a donde empezaron a llegar los diputados pasado el mediodía.
Morena y sus aliados, que arrasaron en las elecciones generales del pasado 2 de junio, suman dos tercios de los 500 escaños que se requieren para aprobar reformas constitucionales sin negociar con la oposición.
Inicialmente habrá una votación sobre la integralidad del proyecto, y luego se debatirá cada artículo.
La iniciativa, presentada en febrero pasado, también tendrá que ser votada en el Senado, donde al oficialismo le falta solamente un voto para reunir la llamada mayoría calificada.
Los críticos de la enmienda advierten que la elección popular de jueces podría erosionar la independencia judicial, mientras los más severos señalan que los candidatos a magistrados podrían ser promovidos por el crimen organizado.
Los reparos son compartidos además por inversionistas enfocados en la moneda, los bonos y las acciones mexicanas, que temen que la reforma pueda "resultar en una politización del Poder Judicial", advirtió la consultora británica Capital Economics.
Pero el gobierno izquierdista rechaza que la iniciativa pueda desestabilizar la economía o poner en riesgo el intercambio comercial con Estados Unidos, que en 2023 sumó US$745 mil millones, según datos oficiales mexicanos.
Reforma judicial que agita las aguas en México
México se encamina a reformar su poder judicial, una propuesta del gobierno de izquierda que desató una huelga, tensó la relación con Estados Unidos y genera desconfianza en los mercados.
La columna vertebral de esta reforma constitucional plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular, y tiene el camino despejado gracias a la aplanadora mayoría gubernamental que asumirá el control del Congreso.
Aquí los puntos clave de la iniciativa.
¿Qué propone?
Alegando que el poder judicial está al servicio de las élites, el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador plantea que jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, sean elegidos por los ciudadanos.
Los candidatos serán propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Actualmente, los miembros del Supremo son nominados por el presidente y ratificados por el Senado. Jueces y magistrados son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo del sector.
Los requisitos para esos cargos se mantendrían prácticamente igual: 35 años de edad para ministros y magistrados y 10 como profesionales; 30 años para jueces y cinco de titulados. Ninguno debe haber ocupado cargos como secretario de Estado, fiscal, congresista, magistrado electoral o gobernador.
El proyecto, respaldado por la presidenta entrante Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre, propone además disminuir de 11 a 9 el número de ministros del máximo tribunal, y recortar sus mandatos de 15 a 12 años.
También, crear un nuevo órgano para supervisar a los jueces, en un país donde la impunidad alcanza 99%, según la oenegé Impunidad Cero.
El caso más parecido al proyecto mexicano es el de Bolivia, donde los miembros de las altas cortes son elegidos por voto popular. Algunos estados de Estados Unidos eligen así a sus jueces locales, al igual que en Suiza.
¿Por qué el rechazo?
Opositores, jueces y trabajadores del sector aseguran que la reforma politizará la justicia.
López Obrador está enfrentado a la Suprema Corte por bloquearle reformas como una al sector energético que ampliaba la participación estatal y otra que involucraba a los militares en la seguridad ciudadana. Ambas decisiones se consumaron pese a que el mandatario nominó a cinco de los actuales ministros.
El presidente también acusa a algunos jueces y magistrados de favorecer a delincuentes de alto perfil, aunque la reforma plantea proteger su identidad en casos de que arriesguen su vida.
La relatoría especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados llamó a "reconsiderar la propuesta" para salvaguardar la "independencia judicial".
Los empleados, en huelga indefinida, advierten igualmente que la elección elimina los ascensos por méritos.
Los candidatos "van a ser incluidos en una boleta electoral como la de cualquier votación partidista, y "van a aparecer quienes tengan contactos, financiamiento", dice a AFP Roberto Zayas, funcionario judicial de 38 años.
Especialistas critican que la reforma no toca a fiscalías, policías y ministerios públicos, a los que achacan la descomunal impunidad por la corrupción y su baja capacidad investigativa.
"Al no contemplar estos operadores, no se está llevando a cabo realmente la función de buscar una justicia óptima", señala Leslie Urzúa, de Impunidad Cero.
¿Qué reclaman EE. UU. y Canadá?
Estados Unidos sostiene que la reforma es un "riesgo" para la democracia y "amenaza" el acuerdo de libre comercio T-MEC, por el cual 83% de las exportaciones mexicanas van a ese país.
También asegura que abre la puerta a que los cárteles se aprovechen de jueces inexpertos, en un contexto en el que el narcotráfico ya permea la política.
El T-MEC, que debe ser revisado en 2026, "depende de la confianza de los inversionistas", advierte Washington.
Canadá manifestó asimismo que sus inversores "quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas".
López Obrador rechazó esas declaraciones como "injerencistas".
¿Qué preocupa a los mercados?
La reforma "llevaría a una elevada incertidumbre sobre el ambiente legal", indicó la firma británica Capital Economics en una nota a sus clientes.
Desde la victoria aplastante de Sheinbaum el 2 de junio, el peso mexicano se ha depreciado 15.7% hasta niveles cercanos a 19.6 unidades por dólar.
"Este desliz refleja las preocupaciones internas sobre la estabilidad económica del país que podrían estarse reflejando en el menor crecimiento del PIB, y también la percepción de riesgo que los inversionistas extranjeros están comenzando a atribuirle a México", dijo a AFP Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones en la firma Franklin Templeton.
El Banco Central de México recortó el miércoles su previsión de crecimiento para este año de 2.4% a 1.5%, según dijo por un menor dinamismo de la demanda de Estados Unidos.
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