El lunes, Velasco recordó a Interpol de España y El Salvador, así como a la dirección de la Policía Nacional Civil salvadoreña, que “aún se encuentran pendientes de cumplimiento las órdenes internacionales de detención emitidas durante el 2011 en contra de los militares” .
En el 2011, los militares evadieron la detención al refugiarse en un cuartel militar de San Salvador, mientras obtenían una resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia amparada en una amnistía que perdonó las atrocidades cometidas en la guerra civil 1980-1992.
En esta ocasión, Morales insta a la Corte Suprema de Justicia a que “proceda de manera inmediata a garantizar la captura de los imputados” .
Velasco ha vuelto a emitir las 17 órdenes para las detenciones de los exmilitares, entre los que figuran el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, y los generales Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda.
Para Morales consideró que la detención procede “debido a que la actuación del juez de la Audiencia Nacional ha sido apegada a derecho” .
Asimismo, recomendó a la Fuerza Armada de El Salvador “abstenerse” de afectar los procedimientos de captura de sus exmiembros, en tanto instó a las autoridades de Estados Unidos a autorizar la extradición a España del coronel Inocente Orlando Montano, quien cumple con una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio en ese país.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) al sacerdote español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de esa casa de estudios y prominente defensor de la Teología de la Liberación.
También fueron asesinados los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector) , Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.
El miércoles, el vicerrector de la UCA, Omar Serrano, respaldó la petición del juez español: “creemos que es una oportunidad nueva para que el sistema de justicia se limpie la cara por lo que no se ha hecho en este país” .
Piden agilizar extradición militares
Defensores de los derechos humanos y la comunidad jesuita de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) instaron el jueves a la Corte Suprema de El Salvador a colaborar con la justicia española que ha solicitado la extradición de un grupo de militares salvadoreños vinculados con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, confirmó que recibió la notificación del juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, que ha girado las órdenes internacionales de captura para 17 militares salvadoreños involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras y dijo que “la orden debe ser cumplida de manera inmediata”.
“La difusión roja ya está reactivada, esperamos que funcione la institucionalidad como ha funcionado en otros casos y la Corte Suprema de Justicia cumpla con su mandato de autorizar la extradición”, dijo a la AP la directora del Instituto Universitario de Investigación Pública de la UCA, Jeannette Aguilar.
Velasco volvió a emitir peticiones de captura contra los militares salvadoreños implicados en la masacre, luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador cambió el panorama jurídico al afirmar que la difusión roja no solo sirve para localizar, sino también para que las capturas se hagan efectivas.
“Al ser una orden internacional, una difusión roja, automáticamente debería de hacerse efectiva, no veríamos ninguna razón por la cual deberían de abstenerse de capturarlos y extraditarlos”, agregó la investigadora de la universidad.
