González, un empresario de origen mexicano y con alta presencia en el negocio de la televisión en Guatemala, es acusado por la Fiscalía de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y estafa en grado de tentativa, porque supuestamente habría falsificado un documento para apropiarse de “Canal 9”.
La jueza federal María Servini dispuso además el embargo de bienes del ejecutivo para responder por los gastos originados en el proceso judicial en caso de que resultare sentenciado.
El empresario Lorefice Lynch denunció que González y otras personas planearon una estrategia para despojarlo de bienes que le pertenecían, en concreto de la compra del 65 por ciento de Grupo Belleville Holdings LLC, dueño de “Canal 9”, por US$16 millones y una deuda que la compañía tenía de US$4 millones.
Se trata de un grupo registrado en 2006 en los Estados Unidos y un año después en Argentina.
Pero la querella denunció que el empresario presentó documentación para retener la parte del grupo que había vendido. González fue indagado en la causa el 29 de septiembre vía Zoom y se negó a declarar y a contestar preguntas y presentó un escrito como descargo de la acusación.
En esa presentación sostuvo que cuenta con un fallo de la justicia de Estados Unidos que le dio la razón e hizo señalamientos contra Lorefice Lynch.
“Aun tomando por ciertas las pruebas aportadas por la parte defensista y que en su descargo solo fueron analizadas y mencionadas de manera parcial, de todas formas nos encontraríamos ante una maniobra defraudatoria, pues se habría utilizado la jurisdicción extranjera para que, a la luz de su derecho, se emitiera un acto jurídico que violenta las reglas nacionales en materia de transferencia de activos y en perjuicio de los derechos patrimoniales que, sea por el motivo que fuera, el propio imputado le había otorgado libremente al querellante”, sostuvo la jueza Servini en su resolución.
La jueza explicó que González presentó en la Inspección General de Justicia un certificado que lo mostraba como titular del grupo, pero “sabía que en verdad había cedido esa posición a Lynch sin contar con ningún documento que permitiera sostener lo contrario y que la cuestión se encontraba en pleno litigio, generando así un cuadro idóneo para inducir a error al ente administrativo y, de esa manera, perjudicar patrimonialmente a un tercero”.
González González fue procesado por el delito de estafa en grado de tentativa. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva ya que la jueza entendió que “no existen elementos aquí como para presumir que, a partir del pleno ejercicio de su libertad ambulatoria, dicho imputado intentara de alguna manera darse a la fuga o entorpecer el curso del proceso”. Además, fueron citados a audiencia otras personas que deberán declarar a partir del 8 de diciembre.
