Los encapuchados robaron la camioneta de Ocampo así como el equipo de trabajo de todos los periodistas, entre los que se contaban fotógrafos y videastas.
Los periodistas, que salieron sanos y salvos del incidente, fueron a cubrir el ingreso de fuerzas federales al municipio de San Miguel Totolapan donde los lugareños formaron recientemente un grupo de autodefensa para enfrentar los secuestros y extorsiones de La Familia Michoacana y la banda delincuencial Los Tequileros.
Los comunicadores “fueron detenidos y asaltados por individuos que se presume son integrantes de La Familia Michoacana” , dijo el vocero de Seguridad de Guerrero, Roberto lvarez.
“Estoy convencido que quien los asaltó es gente de La Familia Michoacana que se vino a meter”, dijo el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.
Cuatro periodistas han sido asesinados en México en lo que va del año, después que 2016 batiera todos los récords con 11 reporteros muertos.
Marzo fue un mes particularmente negro, con tres profesionales muertos y otro herido de gravedad.
El gobierno de Guerrero aseguró que ofreció su apoyo a los periodistas para activar los mecanismos de protección.
Fiscalía mexicana investiga ataque
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México inició una investigación por la agresión a siete periodistas de diversos medios nacionales e internacionales ocurrida en el estado sureño de Guerrero, informó la institución.
La PGR indicó en un boletín que desde el sábado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) contactó directamente a los comunicadores afectados al tiempo que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos.
Igualmente, señaló, en conjunto con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la PGR dará seguimiento a la situación de los periodistas agredidos.
“Por ningún motivo puede permitirse que grupos armados intimiden, agredan o violenten el material de trabajo de las personas que ejercen el periodismo en el estado de Guerrero o en alguna otra región del país” , señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“La Procuraduría General de la República condena todos aquellos actos de agresión en contra de personas dedicadas al periodismo y en agravio al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al tiempo en que reitera su compromiso de llevar a cabo una investigación inmediata y oportuna” , acotó.
Siete periodistas fueron retenidos ayer durante unos 15 minutos, amenazados y despojados de un vehículo y su equipo de trabajo, incluyendo cámaras, computadoras y teléfonos móviles, por un grupo de unos 100 hombres armados que tenía instalado un retén en el municipio de Acapetlahuaya.
Los periodistas agredidos fueron Sergio Ocampo, corresponsal del diario La Jornada; Jair Cabrera, reportero gráfico y colaborador del mismo medio; Hans Máximo Musielik, de Vice News; Pablo Pérez García, de Hispano Post; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; ngel Galeana, de Imagen TV, y Alejandro Ortiz, del diario Bajo Palabra.
Los comunicadores regresaban de San Miguel Totolapan, donde habían ido a cubrir la situación en ese municipio en que fuerzas federales y estatales ingresaron el 12 de mayo para iniciar una operación conjunta contra los grupos delictivos que operan en la zona.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, declaró que el grupo criminal denominado La Familia Michoacana es el responsable de la agresión a los periodistas.
“Estoy convencido que quien los asaltó es gente de La Familia Michoacana que se vino a meter” , dijo Astudillo, quien en redes sociales expresó: “Lo ocurrido a compañeros periodistas en (la región de) Tierra Caliente es un acto inadmisible que no toleraremos y condenamos enérgicamente” .
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó hoy la agresión a los comunicadores en Guerrero, “una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México” .
“Por ningún motivo puede permitirse que grupos armados intimiden, agredan o violenten el material de trabajo de las personas que ejercen el periodismo en el estado de Guerrero o en alguna otra región del país” , señaló el organismo autónomo.
De acuerdo con la CNDH, “ello obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) cumplan con garantizar la seguridad de la población y el ejercicio libre de la libertad de expresión en México” .
