La norma, de 54 artículos, establece la pena de muerte o cadena perpetua para aquellos que funden, organicen o dirijan un grupo terrorista o tengan un alto cargo en el mismo, y un castigo mínimo de 10 años de prisión para los que se unan a estas formaciones.
Por grupo terrorista, la ley define a “toda entidad o banda formada por al menos tres personas, en el interior o en el exterior del país y de cualquier nacionalidad, que tenga el objetivo de cometer crímenes terroristas o use el terrorismo como medio para lograr sus fines” .
Para el consejero legal de la onegé Red rabe para la Información de Derechos Humanos, Ahmed Qimawi, la nueva ley es anticonstitucional y “su objetivo básico no es solo combatir el terrorismo sino cualquier acto pacífico que pueda ser contrario al régimen u opuesto a alguna cuestión concreta” .
En declaraciones a Efe, Qimawi expuso que las definiciones incluidas en la ley son “generales” , por lo que se puede aplicar a cualquier grupo o persona, incluidos los partidos políticos o las organizaciones civiles.
“De manera global supone la imposición de un régimen personalista y la inauguración de un régimen tiránico” , concluyó el activista, que instó a buscar una solución política al terrorismo y no insistir en estrategias centradas en la seguridad.
La recién aprobada legislación también estipula que la irrupción o el intento de entrar en cualquier sede gubernamental, de seguridad o judicial, o en oficinas de misiones diplomáticas u organizaciones internacionales con el fin de cometer actos terroristas serán sancionados con un mínimo de diez años de cárcel y hasta cadena perpetua.
El mismo rango de penas recibirán aquellos que traten de cambiar el régimen por la fuerza o por medios terroristas, o que efectúen un secuestro o retengan a una persona con el objetivo de lograr algo a cambio de las autoridades.
Además de endurecer los castigos contra los extremistas, la ley protege a las fuerzas de seguridad, ya que en su artículo 8 estipula que “los encargados de aplicar esta ley” no van a ser presentados ante la justicia por usar la fuerza durante sus funciones o para protegerse de un peligro.
En cuanto a los puntos relacionados con la libertad de expresión, la ley indica que toda persona que incite a la violencia o cometa un crimen terrorista por palabra, escritura o cualquier otro medio, de manera directa o indirecta, se enfrentará a un mínimo de cinco años de cárcel.
La prensa también se ve afectada de forma directa por el artículo 35, que condena la publicación de noticias que no sean “verídicas” sobre “cualquier operación terrorista” y que “contradigan de alguna forma las informaciones oficiales difundidas por el Ministerio de Defensa” .
Las personas implicadas deberán pagar una multa de entre 200 mil y 500 mil libras egipcias (25.500 y 63.700 dólares, respectivamente) , un castigo que reduce el previsto inicialmente en el proyecto de hasta dos años de cárcel, que generó mucha controversia.
La ley contempla, asimismo, cambios en el proceso judicial al permitir a la fiscalía y las autoridades encargadas de las investigaciones interceptar cualquier información emitida a través de cualquier medio y en cualquier lugar, durante los treinta días posteriores a la comisión de un crimen terrorista.
Además, obliga a los tribunales penales y de primera instancia a que dediquen salas especializadas para juzgar los crímenes terroristas, y les pide que agilicen los procesos.
Desde que comenzó a elaborarse la ley, arreciaron las críticas de las organizaciones de derechos humanos, que denunciaron que representaba un “asalto flagrante” a la Constitución y pidieron enfrentarse al terrorismo “ideológicamente y con un sistema legal que proteja las libertades públicas” .
Coincidiendo con la redacción del proyecto de ley, el primer ministro, Ibrahim Mehleb, alegó que Egipto libra una “verdadera guerra que hizo necesario preparar rápidamente un proyecto de ley antiterrorista” .
En la misma línea, el portavoz del Gobierno egipcio, Hosam al Qauisi, aseguró hoy a Efe que la ley es “necesaria e importante” y opinó que las críticas han quedado atrás.
Egipto lucha contra yihadistas que tienen sus bases en la península del Sinaí y considera a los Hermanos Musulmanes, principal grupo opositor, como una organización terrorista, a pesar de que la cofradía se ha desvinculado de todas las acciones de violencia.
