La reforma la dictó el pasado 16 de abril el consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que hoy “la está revocando, o sea cancelando”, comentó.
La reforma al Seguro Social, que preveía un aumento de las cuotas de trabajadores y patronales hasta en 22,5 por ciento y gravar con un 5 por ciento las pensiones de los jubilados, provocó un fuerte rechazo y protestas en todo el país, sobre todo tras la violenta reacción policial.
El mandatario, que se reunió hoy con inversionistas extranjeros de zonas francas, indicó que espera que esta decisión ayude a “establecer un diálogo que lleve al restablecimiento de la paz la estabilidad y la seguridad en nuestro país”.
Sin embargo, rechazó la posición del sector privado, que condicionó su participación en el diálogo al cese de la represión policial contra universitarios que protestan en las calles. “Un diálogo no se puede condicionar”, les advirtió.
Condenamos la pérdida de vidas humanas y esperamos que pronto se restablezca la paz en #Nicaragua pic.twitter.com/2zRL9OsPU0
— CACIF (@CACIFGuatemala) April 22, 2018
Tras citar un mensaje del papa Francisco, que este domingo pidió detener la violencia en Nicaragua, Ortega invitó al cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, para que participe en el diálogo con una delegación de obispos.
Ortega condenó la ola de violencia y saqueos a tiendas y supermercados ocurridos en las últimas horas, y los atribuyó a “pandillas” de delincuentes, si bien el Gobierno ha negado siempre la existencia de “maras” en Nicaragua.
“Tenemos que restablecer el orden, no podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo”, añadió, al señalar que actuará penalmente contra los responsables.
“Por este camino no vamos a encontrar una solución, sólo el desastre para todos”, alegó el comandante Ortega.
Las protestas iniciaron hace cinco días en Managua por parte de universitarios y se extendieron a varias ciudades del país, donde la Policía reprimió las manifestaciones con un saldo de 10 muertos confirmados por el Gobierno y al menos 26 según organismos de derechos humanos, que reportan además 67 heridos y 43 desaparecidos.
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