¿Por qué sólo un acuerdo podría salvar a Venezuela?

Fue una victoria contundente. A medida que los resultados empezaban a llegar de todo el país, mostraban una victoria de la oposición por un margen de más de dos a uno. La que alguna vez fue una formidable maquinaria política en el poder, ahora demostraba no ser rival para millones de votantes que enviaron un claro mensaje a su líder autoritario: tu tiempo se acabó.

Pero a pesar de la contundente victoria, el partido oficialista ignoró la voluntad del pueblo y los aliados del líder lo proclamaron presidente.

Estos acontecimientos sucedieron en Polonia en 1989, bajo el gobierno del general Wojciech Jaruzelski. Pero también podrían haber descrito a Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los casos difieren en aspectos clave: a diferencia del venezolano Nicolás Maduro, Jaruzelski nunca fue acusado de tergiversar los resultados electorales (como se cree que ha hecho Maduro), y las elecciones en Polonia fueron para el poder legislativo, que luego nombró presidente a Jaruzelski. Pero creo que hay algo que aprender de esta comparación, y especialmente de sus consecuencias.

A medida que la comunidad internacional contempla cómo reaccionar ante el aparente fraude electoral de Maduro, los observadores que esperarían ver el fin de su largo, corrosivo y antidemocrático gobierno se han ido cansando. Después de todo, parece que la comunidad internacional o la oposición lo han intentado todo. ¿Sanciones selectivas contra funcionarios del régimen? Eso ya se ha hecho. ¿Sanciones petroleras para privar al gobierno de recursos? También. ¿Atenuar las sanciones como incentivo para celebrar elecciones libres? Tampoco funcionó. ¿Poner una recompensa de 15 millones de dólares para detenerlo? ¿Intentar provocar un levantamiento militar? Ambas cosas se intentaron. Nada funcionó.

Todos estos intentos tenían un objetivo principal en común: sacar a Maduro del poder. Y, por supuesto, dado que el problema con los dictadores es que ostentan el poder de forma ilegítima, querer echarlos tiene todo el sentido del mundo. Pero no siempre conseguimos lo que queremos.

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Aquí es donde entra en juego el ejemplo polaco. En lugar de dimitir tras la humillante derrota en las elecciones parlamentarias, Jaruzelski llegó a un acuerdo con el movimiento de oposición Solidaridad. Jaruzelski continuaría formalmente al frente del gobierno como presidente y su partido comunista mantendría también el control de los ministerios del Interior y de Defensa. Un dirigente de Solidaridad se convertiría en primer ministro, con poder para nombrar a su gabinete.

El acuerdo fue duramente criticado por muchos en la oposición. Argumentaban que compartir el poder con un dictador que los reprimía y torturaba era moralmente inaceptable. Pero el acuerdo funcionó en la práctica. Jaruzelski se abstuvo en gran medida de utilizar sus poderes ejecutivos, y sentó las bases para una de las transiciones a la democracia más exitosas de Europa del Este, presagiando el fin del comunismo en esa región del mundo.

Un punto de partida para reflexionar sobre cómo podría ser un gobierno de unidad nacional en Venezuela fue elaborado por el gobierno de Estados Unidos en marzo de 2020. Denominado Marco para la transición democrática de Venezuela, el plan contemplaba la creación de un Consejo de Estado, un órgano que contaría con representación de varios partidos y actuaría como poder ejecutivo mientras se organizaban nuevas elecciones.

Pero hoy sirve como un punto de partida útil. Los contornos de un acuerdo viable para compartir el poder en Venezuela incluirían probablemente una división de responsabilidades dentro del poder ejecutivo. La oposición y expertos no partidistas estarían mejor preparados para ocupar los ministerios encargados de la política económica y petrolera. Los chavistas —nombre con el que se conoce a los seguidores del mentor de Maduro, Hugo Chávez— podrían seguir al frente de los ministerios que supervisan la seguridad y las relaciones interiores. Las partes tendrían que acordar un plan de acción para hacer frente a la emergencia humanitaria y económica del país, mientras que la comunidad internacional podría prometer apoyo financiero a los esfuerzos de reconstrucción económica del nuevo gobierno.

Hay tiempo antes de que comience el próximo mandato presidencial, el 10 de enero, para negociar y presentar a los votantes, en un referendo, un proyecto de reforma constitucional que consagre las garantías necesarias para que funcione un acuerdo nacional. El acuerdo debería limitar los actuales poderes que tiene la presidencia para subordinar otros poderes del Estado a sus decisiones, y ofrecer así un compromiso firme y creíble de que un gobierno entrante acatará y respetará la separación de poderes.

Los facilitadores que han intentado ayudar a negociar un acuerdo para una transición pacífica en Venezuela han subrayado que las garantías efectivas para los perdedores son una parte vital de dicho acuerdo. Pero solo el Estado venezolano puede garantizar la protección de miles de dirigentes progubernamentales que temen represalias y la pérdida de derechos políticos en caso de cambio de gobierno. La mejor manera de proporcionar esa garantía es asegurando que los funcionarios chavistas sigan al mando de las fuerzas de seguridad y la fiscalía, y haciendo que el gobierno entrante renuncie al poder que tiene actualmente de disolver el poder judicial convocando una asamblea constituyente. El presidente Joe Biden debería ofrecer respaldar este acuerdo con el compromiso de conceder clemencia a Maduro y a otros funcionarios del gobierno actualmente imputados por narcoterrorismo en Estados Unidos.

Un acuerdo poselectoral para compartir el poder puede actuar como una tregua política que permita a un país superar el estancamiento de unas elecciones controvertidas. Después de que la violencia poselectoral causara cientos de muertos tras los controvertidos comicios de 2007 en Kenia, ambas partes llegaron a un acuerdo por el que se repartían a partes iguales los puestos ministeriales, lo que finalmente condujo a una gobernanza eficaz y a importantes reformas. Más cerca de nosotros, tanto Venezuela como Colombia utilizaron acuerdos de reparto del poder para dar estabilidad a sus nacientes democracias en la década de 1950.

¿Aceptaría Maduro un acuerdo de reparto del poder? Tal vez no. Pero los líderes casi nunca renuncian al poder voluntariamente; se ven obligados a hacerlo cuando se enfrentan a una fractura de su coalición de gobierno. Hasta ahora, la coalición de Maduro se ha unido en torno a él en gran parte por temor a represalias si la oposición llega al poder. Un acuerdo para compartir el poder les permitiría seguir participando en la vida política del país con garantías razonables. Los líderes políticos de izquierda de Brasil, Colombia y México, cuyos movimientos políticos se inspiraron en parte en Chávez, son los más indicados para transmitir a los aliados de Maduro que pueden reivindicar el legado de su movimiento ayudando a construir una salida al actual estancamiento político del país.

La resistencia a un acuerdo de reparto del poder también puede provenir de la oposición. Muchos en la oposición verán un acuerdo de reparto de poder como injusto e inaceptable. Maduro perdió las elecciones, pueden argumentar, y la única negociación que el mundo debería tener es sobre su salida del poder.

Pero la cuestión que los líderes de la oposición deben afrontar en esta coyuntura es cómo pueden cumplir su compromiso de llevar la democracia y la prosperidad a Venezuela. Venezuela debe evitar un descenso a lo que podría ser el periodo más sombrío de autoritarismo del país. Esperemos que Edmundo González, el contrincante de Maduro a la presidencia, y María Corina Machado, la carismática líder del movimiento de la oposición, tengan la templanza y la visión necesarias para entender los compromisos que hay que asumir para hacer realidad los sueños de democracia de los venezolanos.