Esa no es la misión principal del comité, el cual está planeando redactar un informe exhaustivo sobre el origen de la violencia del 6 de enero y al mismo tiempo realizar recomendaciones para evitar que algo parecido vuelva a ocurrir. Sin embargo, mientras el comité y sus decenas de investigadores emiten citatorios para obtener documentos, registros telefónicos y registros bancarios, el panel está buscando de cerca evidencia de criminalidad que el Departamento de Justicia tal vez no haya descubierto.
A continuación, un análisis de algunos de los problemas que enfrenta el comité.
¿Qué es una remisión penal?
Una remisión penal del Congreso simplemente sería una recomendación para que el Departamento de Justicia investigue un caso. No tendría ningún peso legal, pues el Congreso no tiene ninguna autoridad para ordenarles a los fiscales federales qué cargos perseguir. Sin embargo, debido a que el equipo del comité que estudia el ataque del 6 de enero está encabezado por un par bipartidista de exfiscales estadounidenses, lo más probable es que los fiscales federales se tomen en serio cualquier recomendación que realicen.
Una recomendación también podría tener un efecto político significativo, pues aumentaría la presión del público sobre el fiscal general Merrick Garland, quien en su mayor parte ha eludido los cuestionamientos en torno a la labor de los fiscales para examinar la conducta de Trump y sus asistentes cuando estos últimos promovieron alegatos sin fundamentos sobre un fraude electoral.
No obstante, para al menos un crimen, una recomendación del Congreso sí conlleva un ordenamiento jurídico. Si la Cámara de Representantes vota que encontró a alguien culpable de cometer un desacato en contra del Congreso, el Departamento de Justicia está obligado a llevar el caso ante un gran jurado.
¿En qué líneas de investigación podría indagar el comité?
Los investigadores están buscando si se cometieron varios crímenes, incluido el posible fraude electrónico de los republicanos que recaudaron millones de dólares promoviendo aseveraciones de que la elección presidencial de 2020 fue robada, a pesar de saber que esas afirmaciones no eran ciertas. Mientras los investigadores escudriñan esos esfuerzos de recaudación de fondos, están examinando si se violó alguna de las leyes o regulaciones de financiamiento de campañas que rigen cómo pueden gastar su dinero las organizaciones sin fines de lucro.
El comité también está examinando si Trump y sus aliados obstruyeron al Congreso al intentar detener la certificación de los votos electorales. Liz Cheney, representante republicana de Wyoming y vicepresidenta del comité, ha sugerido que Trump pudo haber violado “por acción o inacción” un cargo de obstrucción que era desconocido y los fiscales federales han usado para perseguir a los alborotadores del ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero: la perturbación de las labores del Congreso para certificar la etapa final de una elección presidencial.
Buscar un cargo penal por “inacción” de un presidente sería una nueva estrategia en aguas legales inexploradas. Para todos los miembros de alto rango del gobierno federal que sean acusados según una teoría legal de ese tipo, los fiscales tendrían que establecer que el funcionario tenía una labor específica que le permitía actuar para restaurar el orden que se había violado.
Christopher C. Miller, quien era el secretario de Defensa interino el 6 de enero, ha testificado ante el Congreso que Trump no lo llamó durante el ataque, pero dijo que el vicepresidente Mike Pence sí lo llamó y le pidió que ejército despejara el Capitolio. Miller señaló que no era necesaria una llamada de Trump porque “tenía toda la autoridad que necesitaba” para desplegar a la Guardia Nacional.
“En términos generales, las omisiones no son crímenes”, comentó David Alan Sklansky, profesor de Derecho y codirector del Centro de Justicia Penal de la Universidad de Stanford. “Pero puede haber crímenes cuando alguien tiene un deber particular. Por lo tanto, si estamos hablando de un funcionario de Estados Unidos, quien tiene una tarea y no la realiza, y al no realizarla provoca una interferencia con la capacidad del Congreso de llevar a cabo su trabajo, eso sería un crimen”.
El comité también podría presentar casos como mentir bajo juramento, intimidación de testigos o desacato al Congreso en contra de testigos que obstruyan sus citatorios. La Cámara de Representantes ya ha votado para enviarle al Departamento de Justicia dos recomendaciones de desacato al Congreso en contra del exestratega de Trump, Steve Bannon, y su exjefe de personal Mark Meadows.
Un gran jurado ha acusado formalmente a Bannon, pero todavía no toma una decisión sobre el caso de Meadows.
¿Qué sucede con la negligencia en el cumplimiento del deber?
Esta semana, Cheney señaló que creía que el 6 de enero Trump había sido negligente en el cumplimiento de su deber a nivel moral y ético, pues tardó horas en divulgar un video para que se detuviera la violencia de la muchedumbre.
“Una de las cosas en las que se debe fijar el comité es si necesitamos mejorar los castigos para ese tipo de negligencia en el cumplimiento del deber”, dijo Cheney en “This Week” de ABC.
Cheney no estaba sugiriendo una acusación específica de “negligencia en el cumplimiento del deber” en contra de Trump, comentó un representante de Cheney. Más bien, ella cree que el comité debería explorar si debe recomendar cambios a las leyes actuales que pudieran responsabilizar a un futuro presidente. Cheney también quiere que el público esté consciente de cómo fue que Trump esperó horas para disuadir a la muchedumbre, según la oficina de Cheney.
¿Por qué el comité está buscando criminalidad? ¿No es el papel del Departamento de Justicia?
Aunque buscar cargos penales es el papel del Departamento de Justicia, el comité tiene un sólido equipo que podría descubrir evidencias mientras está en funciones. Con más de 40 miembros realizando la investigación, entre ellos exfiscales federales, el panel ha entrevistado a más de 300 testigos y ha obtenido más de 35.000 documentos.
“Si encuentran evidencias de algo que perciben como un crimen y creen que el Departamento de Justicia debería considerar iniciar un proceso, me parece totalmente apropiado que se lo hagan notar”, comentó Sklansky.
¿Qué pasa ahora?
Si el comité decide hacer la remisión, el caso quedará en las manos del Departamento de Justicia, donde los fiscales determinarán si hay una causa probable de que ocurrió un crimen y evaluarán su capacidad para demostrar el caso más allá de una duda razonable.
En octubre, Garland testificó ante el Congreso que, mientras examina el ataque del 6 de enero, el departamento no está limitando la investigación solo a los alborotadores de los niveles más bajos. A pesar de esto, dijo que no podía comentar más sobre los siguientes pasos de la agencia.
“Estoy muy limitado en cuanto a lo que puedo decir”, mencionó Garland. “Esta investigación está en manos de la fiscalía general de Estados Unidos y la oficina de campo del FBI. No los hemos restringido de ninguna manera”.
