“Las medidas son necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en el ámbito del Supremo Tribunal Federal, siendo que algunas son para garantizar la aprehensión de bienes adquiridos mediante una posible práctica delictiva y otras para resguardar pruebas relevantes que podrían ser destruidas en caso de no ser incautadas”, dijo el procurador de la República, Rodrigo Janot, en un comunicado.
Collor, que renunció a la presidencia poco antes de que el Congreso votara su destitución por corrupción, calificó de “invasiva y arbitraria” la operación, que a su juicio busca “alimentar el clima de terror y persecución para intimidar a futuros testigos”, según un comunicado de su defensa divulgado en su cuenta de Twitter.
Protesta contra corrupción en Brasil. (Foto Prensa Libre: EFE)
“La medida invasiva explica los tiempos en que vivimos, en que un estado policial procura imponerse menoscabando las garantías individuales, sea un expresidente, un senador de la república o un simple ciudadano”, añadió.
Los allanamientos se realizaron tanto en su residencia en Brasilia como en la de Alagoas (noreste), estado que representa en el Senado, y al igual que los restantes procedimientos, tuvieron como “objetivo principal evitar que pruebas importantes sean destruidas por los investigados”, explicó la policía en un comunicado.
Secreto de sumario
La operación fue realizada por unos 250 policías y alcanzó a otros políticos, como los senadores Ciro Nogueira y el diputado Eduardo da Fonte, ambos del Partido Progresista (PP, aliado del gobierno), y también al senador opositor Fernando Bezerra (PSB), quien divulgó una nota a la prensa donde dijo estar aguardando “el momento de su declaración” y “el pleno esclarecimiento de los hechos”.
Ninguno de los organismos que trabajan en las pesquisas confirmó los nombres de los funcionarios cuyas residencias, oficinas o asesorías legales están siendo allanadas en seis estados y la capital, Brasilia, ya que todos los procesos están bajo secreto de sumario.
Las investigaciones del llamado “Petrolao” puso en la mira de la Justicia a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones de seis partidos políticos distintos. La mayoría de los delitos investigados son fraude, lavado de dinero, desvío de fondos al exterior y organización delictiva.
La gigantesca red de corrupción que se enquistó en Petrobras durante una década fue revelada en la llamada “Operación Lava Jato” (lavadero de autos), que echó luz sobre una confabulación de empresarios, directivos de la petrolera y políticos, que alcanzó de lleno al oficialista Partido de los Trabajadores (izquierda) y dejó en una situación delicada al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Por esta causa están detenidos cuatro exdirectivos de Petrobras, varios de los más encumbrados empresarios de la construcción del país, como los presidentes de Odebrecht y Andrade Gutierrez, y el ahora extesorero del gobernante PT, Joao Vaccari, quien es acusado de haber sido el articulador financiero del partido de Rousseff en la trama.
Las permanentes revelaciones del “Petrolao” se basan en confesiones de investigados que colaboran con la Justicia a cambio de una reducción en sus condenas.
US$2 mil millones le costó el caso a Petrobrás
Recientemente, la filtración a la prensa del supuesto testimonio del empresario Ricardo Pessoa, señalado como el “jefe del club” de 16 empresas que estafaron a Petrobras, llevó a Rousseff a negar haber recibido fondos ilegales de Petrobras para su campaña 2014.
Pessoa, que también permanece detenido, detalló a las autoridades “cómo financió campañas al margen de la ley”, según publicó el semanario Veja en una edición reciente.
