Después de que las Farc entregaran un inventario con sus bienes y este fuera cuestionado por el Gobierno esta semana, exlíderes rebeldes sostuvieron este viernes que los activos reportados tendrían un valor de unos US$326 millones, cantidad que corresponde a lo registrado.
El cuestionamiento de las autoridades surgió porque el inventario incluía enseres domésticos sin valor comercial alguno y según el acuerdo de paz firmado en noviembre pasado entre ambas partes, los activos deberían servir para reparar a víctimas del conflicto.
En consecuencia, el fiscal general de Colombia y otras autoridades exigieron hace unos días que el grupo rebelde aclare cuánto dinero y propiedades tiene antes de continuar con la transición para convertirse en un movimiento político.
“Todo esto creemos que se está poniendo aquí como una cortina de humo”, dijo un exguerrillero conocido como Pastor Alape.
El presidente Juan Manuel Santos y las Farc firmaron el histórico acuerdo de paz para poner fin a más de cinco décadas de conflicto que dejaron al menos 250 mil muertes, 60 mil desaparecidos y más de siete millones de desplazados.
Hasta el momento la guerrilla ha entregado siete mil armas y ha iniciado el proceso de transición a la vida civil mientras se hace de una voz propia en el escenario político del país.
Como parte del acuerdo, los bienes de las Farc serían transferidos a un fondo que serviría para reparar a las víctimas. Sin embargo, si los rebeldes no lograran entregar un inventario que transparente sus activos y con ello respetara el acuerdo firmado con el Gobierno, podrían enfrentar cargos por lavado de dinero. Para verificar la lista, autoridades colombianas decretaron el jueves que se crearía una comisión especial para ello.
“Los bienes que no hayan sido inventariados y que llegasen a descubrirse, implicarán obligatoriamente una sanción”, dijo el ministro de Justicia Enrique Gil.
En la carta que el fiscal Martínez publicó para cuestionar el listado, destacó que la guerrilla incluyó el rubro de “servicio social” y se traduciría en construcción de carreteras y procedimientos quirúrgicos.
Algunos de los guerrilleros han realizado amputaciones a combatientes afectados por explosivos y balaceras. En especial trabajaban en zonas rurales y algunas veces apoyaban a comunidades cercanas.
El documento entregado por Martínez para presionar a las Farc —alguna vez calificadas por el gobierno estadounidense como una de las organizaciones narcotraficantes más grandes del mundo— arrojó luz sobre las posesiones que los guerrilleros podrían tener y generó reprensión entre autoridades de alto nivel del país.
En respuesta, exlíderes rebeldes dijeron el viernes que esta crítica es otra prueba que demuestra lo poco que el Estado se ha involucrado en el funcionamiento de la vida en comunidades rurales, donde el Gobierno ha tenido poca presencia.
Cualquier Estado real, dijeron, podría identificarse con los medios informales que se utiliza fuera de las ciudades para determinar los límites de propiedad.
Las Farc dijeron que, a grandes rasgos, tienen 241 mil 560 hectáreas de terreno, unos US$8.5 millones en efectivo y más de 20 mil animales de ganado entre otros activos, además de automóviles y oro.
“Quienes menos interés tienen de incumplir los acuerdos somos nosotros mismos”, dijo Alape.
Se espera que las Farc lancen su movimiento político con una conferencia de prensa este domingo.
