“Después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis. El clamor que tenemos los venezolanos es de unión, paz y reconciliación nacional, por ello es tan necesaria la aprobación de la amnistía”, expresó la legisladora opositora Delsa Solórzano, desde la tribuna del hemiciclo.
La ley, a la que el gobierno de Nicolás Maduro y el oficialismo se oponen rotundamente, es una de las prioridades del Congreso, dominado por la oposición tras 17 años de hegemonía chavista.
Esta busca amnistiar a unos 75 presos y a personas que se han exiliado por su oposición al chavismo.
“No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos”, afirmó el jefe de la minoritaria bancada oficialista, Héctor Rodríguez.
Al presentar su informe de gestión ante el nuevo parlamento el 15 de enero, Maduro expresó su rechazo a la ley, aduciendo que dejaría en la impunidad las 43 muertes ocurridas en las protestas de 2014 que buscaban sacarlo del poder, y por lo cual se apresó entonces al opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia.
Maduro, cuyo gobierno niega que los detenidos sean presos políticos y los califica como “asesinos” y “golpistas”, propuso una comisión para resolver la situación de los detenidos, siguiendo modelos como el que se aplicará en el proceso de paz con las guerrillas colombianas o el del apartheid en Sudáfrica.
“Amnistía + reconciliación = paz”, se leía en un letrero que llevó al palco de invitados Lilian Tintori, esposa de López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión, junto a familiares del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y seguidores del excandidato presidencial Manuel Rosales, también presos.
A la sesión también acudieron partidarios de Maduro y familiares de fallecidos en las protestas que rechazan la amnistía, con pancartas y fotos de las víctimas.
El proyecto fue aprobado en primera discusión por la mayoría calificada de la cámara para ser remitido “de manera inmediata” a la comisión permanente de política interior, leyó el secretario del Parlamento, Roberto Marrero.
Además, fueron convocados a la Asamblea, según el texto leído por Marrero, “todos los sectores que se sienten beneficiados de la misma” .
Tras su debate en comisión, el proyecto deberá volver al pleno del Parlamento para su aprobación definitiva.
Nuevo conflicto
Tintori y otros parientes de políticos presos entregaron el 11 de enero el proyecto, elaborado por organizaciones no gubernamentales (ONG) y juristas, para que lo acogieran los diputados y le dieran trámite.
“Hoy comienza la cuenta regresiva para la reconciliación y la paz. Esta ley se trabajó por mucho tiempo, los mejores abogados participaron”, afirmó Tintori, vestida con camiseta blanca, a la prensa en el Palacio Legislativo.
Pero a la ley, según el experto constitucionalista José Ignacio Hernández, le espera una ruta plagada de obstáculos, pues, una vez que sea aprobada en segundo debate, el Parlamento deberá someterla a promulgación del presidente, quien tendrá diez días para hacerlo aunque ya anticipó que la vetará.
Estallará entonces un nuevo choque entre Ejecutivo y Legislativo que deberá finalmente dirimir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -concretamente la Sala Constitucional-, al que la oposición acusa de estar al servicio del chavismo.
“Lo más probable es que el presidente lo remitirá a la Sala Constitucional, quien va a opinar que es inconstitucional, y se va a generar un conflicto institucional, pues la Asamblea insistirá en publicar la ley por sus propios medios”, declaró Hernández a la AFP.
El presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, reconoció que el debate y posterior aprobación de la ley generará otro forcejeo con el TSJ.
“Nosotros no solo tenemos la razón jurídica y política, sino, sobretodo, la razón moral”, declaró Ramos Allup.
Un primer capítulo del conflicto de poderes ocurrió apenas instalado el parlamento el 5 de enero, cuando el TSJ obligó a la bancada opositora a separar a tres de sus diputados cuya elección fue impugnada por el oficialismo.
“El verdadero problema de fondo no es la amnistía sino la situación del Poder Judicial en Venezuela”, concluyó Hernández.
Mientras avanzaba el debate, miles de chavistas marchaban hacia el palacio presidencial de Miraflores para conmemorar el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.
En el masivo acto Maduro dijo que tras ganar el control de la Asamblea en diciembre pasado por amplio margen, los dirigentes de la oposición “amenazan que vienen pacá”.
“¿El pueblo va a permitir que la oligarquía, que ganó la Asamblea Nacional por la confusión de un sector de nuestro pueblo, tome el poder político en Miraflores?”, se preguntó el mandatario socialista en la concentración que conmemoró el fallido golpe de Estado comandado por Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.
“Para eso es que nos estamos preparando, para no permitirlo ni por una vía ni por la otra, ni por las buenas ni por las malas”, aseguró el gobernante ante miles de partidarios vestidos con prendas rojas, el color característico del chavismo.
