Con este segundo rechazo, se abre un plazo de dos meses para celebrar más debates de investidura con otros posibles candidatos y si no se consigue la elección de un presidente antes del 10 de enero, se tendrían que convocar de nuevo elecciones regionales.
El presidente catalán en funciones ofreció a la CUP que, a cambio del apoyo a su investidura, estaría dispuesto a someterse en diez meses a una cuestión de confianza ante el Parlamento, en la que los 135 diputados podrían acabar obligando a investir a otro presidente.
Además, les propuso un gobierno presidido por él pero con tres grandes áreas compartidas -economía y empleo; asuntos exteriores, institucionales y de la transparencia; y estado del bienestar- con otros miembros del ejecutivo.
Sin embargo, la CUP (Candidaturas de Unidad Popular) volvió a votar en contra, aunque valoró el último “movimiento” de Mas y aseguró que ve cerca un acuerdo.
Este grupo radical hasta ahora ha insistido en su rechazo a Artur Mas, presidente catalán desde 2010, por su vinculación a casos de corrupción en su partido (Convergencia) y por la escasa política social que llevó su ejecutivo en una época de crisis económica.
El resto de grupos de la oposición: Socialistas, Ciudadanos (liberal centristas), el PP (centroderecha) y Catalunya Sí (izquierda), criticaron al presidente su oferta a la CUP y su intención de conservar el gobierno a toda costa.
Con este segundo rechazo, se abre un plazo de dos meses para celebrar más debates de investidura con otros posibles candidatos y si no se consigue la elección de un presidente antes del 10 de enero, se tendrían que convocar de nuevo elecciones regionales.
La votación en el Parlamento catalán se ha producido un día después de que el Tribunal Constitucional español suspendiera con carácter provisional e inmediato la resolución independentista aprobada el lunes pasado por el Parlamento catalán, por lo que su contenido carece de validez.
Además, el alto tribunal advierte a 21 cargos catalanes, entre ellos, al jefe del Ejecutivo, Artur Mas, a la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, así como a los miembros de Mesa de la Cámara y a los del Gobierno, de que incurrirán en responsabilidades penales si no acatan su decisión.
