La votación del jueves aparece como un nuevo desafío a la justicia española, que horas antes cargó contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otro dirigente de la coalición en el poder regional, Francesc Homs.
Concretamente, el Tribunal Constitucional pidió a la fiscalía del Estado que, si lo considera pertinente, emprenda “acciones penales” contra Forcadell, por permitir que se tramitara el 27 de julio en la cámara un plan secesionista.
Por su lado, el Tribunal Supremo emprendió trámites para “proceder penalmente” contra Homs.
Según el Supremo, Homs habría cometido delitos de desobediencia y prevaricación (emprender una acción a sabiendas de que es improcedente) al promover una consulta independentista en Cataluña el 9 de noviembre del 2014, que no tuvo validez legal porque el Constitucional se la negó.
Pese a su interinidad luego de nueve meses de cuasi parálisis política en España, el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy está bloqueando judicialmente a través del Tribunal Constitucional todos los pasos de las instituciones catalanas hacia la secesión.
Esta misma consulta ha llevado esta semana a la fiscalía española a pedir 10 años de inhabilitación en cargos públicos para el entonces presidente de Cataluña, Artur Mas.
La votación del jueves contó con el apoyo de la coalición en el poder Juntos por el Sí, compuesta por el Partido Democráta Catalán (PDC, conservador) y Esquerra Republicana de Catalunya.
Igualmente, votó a favor el pequeño partido independentista y anticapitalista CUP.
Pese a su interinidad luego de nueve meses de cuasi parálisis política en España, el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy está bloqueando judicialmente a través del Tribunal Constitucional todos los pasos de las instituciones catalanas hacia la secesión.
El resto de los principales partidos españoles también rechaza la autodeterminación.
El partido de izquierda radical Podemos apoya la celebración de un referendo, pero pactado con Madrid, y que por lo tanto sea “útil, con garantías y reconocimientos”, como dijo el jueves su representante, Jessica Albiach.