Urriola participó este martes de una audiencia en el Juzgado Primero de lo Penal, en la capital panameña, en contra de Fábrega, a la que éste se presentó de forma sorpresiva después de estar casi cinco meses prófugo de la justicia.
Según Urriola, Fábrega habría declarado que se reunía con Martinelli y Shamah “en la Presidencia y le pedían que verificara todo lo que tuviera que ver con Financial Pacific y que los mantuviera informados”.
Medios locales revelaron en el 2012 una supuesta vinculación de Martinelli con Financial Pacific, en la que tendría una cuenta secreta para el uso de información privilegiada para hacer negocios.
Martinelli, quien ha sido salpicado por varios casos de corrupción durante su mandato (2009-2014) , siempre negó tener esa cuenta para cometer actos fraudulentos y manipular acciones, aunque reconoció ser cliente de esa casa de valores.
En su declaración indagatoria, Fábrega “señalo que él consideraba que tanto el expresidente como el exministro eran accionistas de Financial Pacific”, dijo Urriola.
A Fábrega se le vincula con la desaparición del investigador de la Superintendencia, Vernon Ramos, cuyo paradero se desconoce desde el 2012 cuando investigaba posibles irregularidades en la SMV y Financial Pacific, actualmente en proceso de liquidación.
La SMV se querelló contra Fábrega por el delito de corrupción de funcionarios públicos por supuestamente revelar información confidencial que recibía debido a su cargo en la entidad reguladora del mercado de valores panameño.
Fábrega se declaró “culpable” de los hechos aunque aclaró que seguía instrucciones, según Urriola.
Aun así, la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore pidió la pena máxima de ocho años en su contra.
En otro caso, Cuatro integrantes del gabinete de Martinelli -quien está fuera del país desde enero- están presos por enriquecimiento ilícito y corrupción, mientras que otros enfrentan medidas cautelares.
El expresidente es investigado por la Corte de Justicia por la presunta compra sobrevalorada de comida deshidratada para escuelas del país y por espionaje ilegal a opositores.
