“Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas y a la libre expresión de ideas y hacen un llamado a que, como ha prometido el gobierno, se investiguen las responsabilidades por la violencia”, recalcó el comunicado conjunto emitido la noche del viernes y firmado por la canciller de Argentina Susana Malcorra, y sus homólogos de Brasil, Jose Serra; de Chile, Heraldo Muñoz; y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.
La condena se refiere a los reportes según los cuales supuestos seguidores del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela agredieron el jueves a varios congresistas opositores, entre ellos Julio Borges, presidente de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, quien sufrió una lesión en el rostro y debió de ser intervenido quirúrgicamente en una clínica de la capital.
Los opositores protestaban en Caracas frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para reclamar una respuesta al proceso de referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro.
En este sentido, los mismos cancilleres —a excepción del brasileño— emitieron un nuevo comunicado el sábado por la mañana en el que manifestaron su complacencia “por el anuncio efectuado por la presidencia del Consejo Nacional Electoral a fin de autorizar la validación de las firmas vinculadas al referendo revocatorio”.
El texto fue firmado por Malcorra, Nin Novoa y Muñoz. Esto “constituye un primer paso hacia la pacificación que permite alentar la esperanza de que el proceso iniciado pueda alcanzar resultados positivos en el menor tiempo posible para todos los venezolanos”, concluyó el comunicado.
Maduro afirmó el sábado que si la oposición “cumple sus requisitos, el referendo revocatorio será el próximo año y punto”, descartando que la consulta que busca sacarlo del poder se realice en 2016, como exigen los opositores.
Si el referendo se celebra antes del 10 de enero de 2017, y Maduro pierde, se deben convocar elecciones presidenciales. Si tiene lugar después de esa fecha, el vicepresidente –designado por Maduro– asumirá el cargo hasta 2019.
La oposición venezolana debe validar 1.3 millones de firmas a partir del 20 de junio, para avanzar hacia la convocatoria del referendo, en tanto la autoridad electoral se tomará hasta el 23 de julio para realizar la revisión.
En un acto con el oficialismo en Caracas, Maduro agregó “debemos respetar lo que diga el Poder Electoral”.
La oposición, blandiendo el reglamento dictado por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), asegura que el referendo puede efectuarse este año entre finales de octubre y noviembre.
Maduro dijo que “si ellos querían invocar ese referendo este año tenían que pedirlo el 11 de enero este año (un día después de la mitad del período presidencial) para que los tiempos les dieran, si cumplieran los requisitos”.
Fue a finales de abril cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) recibió el formulario oficial para las primeras rúbricas, que entregó el 2 de mayo pasado.
El CNE anunció el viernes que había certificado cerca de 1.3 millones de las más de 1.8 millones que presentó la MUD –cuando solo se necesitan unas 200 mil–, descalificando unas 600 mil rúbricas debido a que “no cumplieron con los criterios exigidos”, según palabras de la titular de la autoridad electoral, Tibisay Lucena.
En tanto, Maduro también advirtió que el lunes “metemos las demandas” de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el proceso revocatorio, alegando que la primera recogida de firmas contenía datos de casi 11 mil fallecidos y casi dos mil condenados por crímenes, lo que el chavismo calificó de “fraude”.
