Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, estableció que si la embajada de Estados Unidos no formaliza su pedido de extradición antes del 5 de marzo, decretará la libertad de Ovidio.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), desde septiembre de 2019 existe la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos para el hijo de “el Chapo” Guzmán.
Sin embargo, este viernes 6 de enero un juez federal congeló la extradición de Ovidio Guzmán, tras concederle un amparo y, asimismo, ordenó que no se debe evitar la comunicación del narcotraficante, lo que le permite contactarse con sus familiares y abogados defensores.
La decisión del juez parte de los recursos de amparo presentados por sus abogados defensores, quienes pidieron la suspensión del proceso de extradición.
El Ejército mexicano detuvo el jueves 5 de enero a Ovidio Guzmán en el norteño estado de Sinaloa y después lo trasladó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en Estado de México, donde también estuvo recluido su padre, quien se fugó de ahí en 2015.
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La detención sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó cualquier relación entre los dos hechos.
Tanto López Obrador como el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, descartaron este viernes 6 que la extradición se fuese a realizar por la vía rápida y estimaron que Estados Unidos tardará entre cuatro y seis semanas en presentar acusaciones penales contra el hijo del “Chapo” Guzmán.
Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que Ovidio Guzmán se enfrenta en México a acusaciones por delitos contra la salud (narcotráfico) y relacionados con armas de fuego, y también tiene investigaciones abiertas por delincuencia organizada.
Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición en 2019 y ofrecía US$5 millones por su captura desde diciembre de 2021, imputa al narcotraficante delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país, detalló Rodríguez.
