“Hoy abrieron despacho para recibir un recurso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra 22 diputados del pueblo, no de la MUD sino del pueblo, son representantes populares”, dijo Torrealba, indicando que la sala electoral había entrado en receso.
El dirigente detalló que se trata de un “recurso contencioso electoral ordinario, acompañado por una cautelar de amparo”, con lo que de ser admitido dejaría en suspenso la posesión de esos parlamentarios el 5 de enero próximo, cuando se instalará la nueva Asamblea.
La presentación del recurso legal aún no fue confirmada por el PSUV ni por ninguna autoridad.
La denuncia se conoce en momentos en que la mayoría oficialista se apresta a juramentar a 13 jueces del TSJ durante sesiones extraordinarias, convocadas por el presidente de la Asamblea y número dos del chavismo, Diosdado Cabello. El período ordinario finalizó el 15 de diciembre.
Aduciendo que se violaron los plazos para la selección de aspirantes, la oposición rechaza el proceso y sostiene que las nominaciones de magistrados correspondían al nuevo Parlamento, donde la MUD tendrá una mayoría de dos tercios de los diputados (112 de 167 escaños) .
Pero Cabello asegura que el oficialismo está facultado para completar la nómina de 32 magistrados del TSJ, que analistas estiman jugará un rol importante en el pulso que mantendrán el gobierno socialista de Nicolás Maduro y la MUD tras 16 años de hegemonía chavista en el Legislativo.
“Nosotros somos Parlamento hasta que ellos se instalen”, afirmó Cabello.
Sin embargo, para el diputado electo de la MUD Alfonso Marquina “este es un proceso viciado” porque “no se han cumplido los lapsos y de manera fraudulenta han aparecido nombres de ciudadanos que no habían consignado los documentos a tiempo” para ser nombrados magistrados.
Con argumentos similares, que a su juicio configuran un “fraude”, un grupo de juristas impugnó las candidaturas ante el Comité de Postulaciones de la Asamblea y aseguró que la intención del oficialismo sería “cubrir los cargos -algunos no vencidos- con ciudadanos que tienen vínculos partidistas” con el gobierno.
Poder de bloqueo
Además de acortar el mandato presidencial mediante un referendo revocatorio, una enmienda o una asamblea constituyente, la supermayoría legislativa que tendrá la oposición la faculta para remover magistrados del TSJ.
No obstante, se trata de un proceso complejo, pues solo se lo puede hacer con base en faltas graves previamente calificadas por el Poder Ciudadano, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría, que según la oposición están regidas por el chavismo.
El TSJ podría cumplir un papel de árbitro -especialmente su poderosa Sala Constitucional- en las disputas que se vislumbran entre el chavismo y la MUD, como una amnistía para unos 80 “presos políticos” que se plantea aprobar la oposición como primer acto legislativo.
Si considera que dejaría impunes delitos de “lesa humanidad”, la Sala Constitucional podría bloquear el indulto que beneficiaría a dirigentes como el líder del ala radical de la MUD, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia durante protestas que dejaron 43 muertos en el 2014.
El presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, considera que el gobierno podría “usar su control institucional para bloquear al Parlamento”, con lo que las leyes aprobadas por la oposición -entre las cuales varias para enfrentar la crisis económica- correrían el riesgo de ser desechadas por el TSJ.
Al mismo tiempo, “los juicios contra magistrados no contarán con el apoyo indispensable de los otros poderes ciudadanos y esto sin contar con que el TSJ puede crear una interpretación artificial que dé marco legal aparente al insólito Parlamento Comunal” , sostiene León.
El analista se refería a una asamblea instalada hace una semana por Cabello y que está prevista en las “leyes del poder popular” , con la cual el oficialismo buscaría hacer contrapeso.
