Márquez indicó a la emisora local “Radio Caracas” que la mayoría opositora en la Asamblea espera aprobar en menos de un mes la enmienda para llevarla en mayo próximo al Consejo Nacional Electoral, que deberá convocar los comicios tras el cambio del texto constitucional.
El dirigente precisó que de aprobarse la enmienda los venezolanos “tendríamos una elección presidencial en el mes de diciembre” .
El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, y un grupo de diputadas opositoras y otros dirigentes acudieron este martes a la sede del Consejo a consignar unas dos mil 40 firmas que exigieron las autoridades electorales para convocar el referendo revocatorio contra Maduro, proceso que los sectores adversos al gobierno esperan activar en los próximos meses.
Cerca de un centenar de guardias nacionales con equipos antimotines tomaron los alrededores del Consejo , ubicado en el centro de la capital, para resguardar la zona y evitar posibles enfrentamientos entre opositores y varias decenas de manifestantes pro oficialistas que entre gritos e insultos hostigaron a los representantes de la alianza opositora.
La coalición acordó en marzo impulsar de forma simultánea la enmienda constitucional y el referendo revocatorio para tratar de acelerar el cese del mandato de Maduro, quien alcanza en el 2016 la mitad de su período de seis años.
La Asamblea Nacional, bajo control de la oposición, tiene previsto aprobar el martes en un segundo y último debate una ley de referendo para darle un marco legal al proceso.
Maduro, que enfrenta una severa crisis económica, ha desestimado las acciones de los opositores y ha asegurado que culminará su período en el 2019.
La popularidad del gobernante se ha visto golpeada por una galopante inflación que cerró el año pasado en 180,9% y severos problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.
El gobierno sostiene que la crisis es consecuencia de una “guerra económica” que promueven empresarios y opositores, pero los analistas aseguran que las dificultades económicas responden en gran parte al deterioro del modelo de control de precios y de cambio vigente desde hace 13 años.
