El robo del expediente es un hecho “grave e inadmisible”, subrayó Jiménez, quien además es representante del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El expediente sobre el crimen de Cáceres fue robado por desconocidos el miércoles durante un asalto en Tegucigalpa a la magistrada de la Corte de Apelaciones, María Luisa Ramos, para robarle su auto.
Según un informe preliminar, dos hombres armados que iban en un vehículo se cruzaron delante del auto en el que viajaba la magistrada, a la que bajaron del automóvil y luego se lo llevaron con rumbo desconocido, por lo que la Policía continúa en la búsqueda del mismo.
El portavoz de la Maccih indicó que la acción de la magistrada al llevar el expediente sobre el crimen de Berta Cáceres en su vehículo es una “grave irresponsabilidad”.
Enfatizó que la Maccih está “evaluando el daño ocasionado al proceso judicial por la sustracción ilícita del expediente” y anunció que esa misión designará un funcionario internacional para “verificar el proceso de reconstrucción del expediente a cargo de la autoridad judicial”.
De esta forma se busca “garantizar la total recuperación de las pruebas y demás actuaciones judiciales que incriminan a los responsables materiales y mediatos, contenidas en la documentación sustraída”, señaló.
El Poder Judicial de Honduras indicó en Twitter que pese al robo del expediente, el caso “no sufrirá (ningún) tipo de atraso o limitación en las diligencias procesales”, ya que “se ha certificado copia íntegra” del mismo.
Según autoridades hondureñas, la magistrada llevaba en el auto el expediente sobre el asesinato de Cáceres, al parecer, para estudiarlo en su residencia y redactar una sentencia sobre la apelación presentada por los abogados de los acusados del crimen.
La Maccih indicó que solicitará al poder Judicial un informe sobre “los procedimientos administrativos” que autorizan la salida de documentos de la sede judicial y planteará “las reformas necesarias” que impidan que este tipo de hechos vuelvan a suceder.
Señaló además que “verificará” los actos de investigación del Ministerio Público para “aclarar la desaparición del expediente a fin de llegar a los responsables de este hecho, que representa una grave obstrucción a la justicia”.
El expediente contiene las pruebas que supuestamente involucran a los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen de Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo en la ciudad occidental de La Esperanza, donde residía, pese a tener medidas de protección.
Por el crimen están detenidos Elvin Rápalo Orellana, Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Sergio Rodríguez, empleado de una empresa que impulsa un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres; y Edilson Duarte, capitán retirado.
También está detenido Edilson Duarte, hermano gemelo de Edilson, a quien las autoridades le decomisaron un arma con la que habría sido asesinada Cáceres.
