La multimillonaria sanción, que se dio a conocer en un tribunal de Brooklyn, es el resultado de un acuerdo negociado por la constructora brasileña con el Departamento de Justicia de EE. UU., así como con las autoridades de Brasil y Suiza.
Según el Departamento de Justicia, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y frica, incluido Brasil, donde es investigada desde hace más de dos años en el marco de los desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
En diciembre pasado, un tribunal de Nueva York condenó a la petroquímica brasileña Braskem, controlada por el grupo Odebrecht, a pagar una multa de 632,6 millones de dólares, después de declararse culpable de los cargos en su contra.
Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela” , según los documentos del tribunal.
La mayor constructora de Brasil firmó un acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña el 1 de diciembre que, además de admitir su culpa y pagar una multa, incluye delaciones ofrecidas por 77 ejecutivos de Odebrecht a cambio de reducir sus futuras condenas.
Estos testimonios salpican a cerca de 200 políticos en desvíos de Petrobras y en financiación ilegal de campañas electorales, entre los cuales estaría el actual presidente de Brasil, Michel Temer, según diferentes medios.
Temer no sancionará
El presidente brasileño, Michel Temer, reiteró hoy que los ocho ministros salpicados por declaraciones de exdirectivos del grupo Odebrecht sobre la corrupción que campeó en el país mantendrán sus cargos, a menos mientras no haya pruebas que los incriminen.
“No voy a dimitir o exonerar simplemente porque alguien habló” de la supuesta implicación de un ministro en esas prácticas, declaró el mandatario a la Radio Jovem Pam, al tiempo que volvió a insistir en que un ministro sólo perderá su cargo “si hubiera pruebas robustas” en su contra.
Los testimonios prestados por exdirectivos del grupo Odebrecht en el marco de un acuerdo de cooperación judicial implican en asuntos de corrupción a ocho ministros, incluidos entre casi un centenar de dirigentes políticos de catorce partidos que serán investigados.
