Obama, que reivindica sus ocho años de campaña contra el terrorismo de Al Qaeda en la misiva, asegura que esta ley “arrebata el asunto (de hacer justicia por los atentados) de las manos de nuestros profesionales de seguridad nacional y política exterior y las pone en manos de litigantes privados y tribunales”.
Una mayoría de congresistas, tanto demócratas como republicanos, consideran que hay pruebas de que altos funcionarios saudíes estuvieron implicados en la red de financiación de los atentados del 11S, en los que murieron cerca de 3.000 personas, y que por lo tanto las víctimas tienen derecho a demandas colectivas contra el Estado saudí.
Obama argumentó que esta legislación priva a Gobiernos extranjeros de protecciones de inmunidad consagradas por la ley, al tiempo que daña las relaciones y la seguridad de diplomáticos y tropas en un país que es un socio y no es considerado promotor del terrorismo a nivel estatal.
Asimismo, la Casa Blanca teme que esta legislación dé alas con la excusa de la reciprocidad a que se demande al Gobierno estadounidense o a sus funcionarios en tribunales de otro país, procesos que la Audiencia Nacional en España inició en el pasado bajo el principio de “justicia universal”.
Decenas de familiares de víctimas de los atentados del 11S protestaron el martes frente a la Casa Blanca para pedir a Obama no vetar este proyecto de ley y que se les permita demandar al Gobierno saudí en los tribunales estadounidenses, lo que hubiera podido abrir la puerta a una oleada de demandas y peticiones de indemnizaciones.
Esta legislación regresará ahora al Congreso, donde será necesaria una mayoría superior a los dos tercios de ambas cámaras para revocar el veto presidencial, algo que ocurriría por primera vez en los casi ocho años de Presidencia de Barack Obama.
