El informe del Comité de Supervisión y Reforma, resultado de una investigación de años, detalló nuevos hallazgos basados en borradores de memorandos internos y comunicaciones secretas por correo electrónico entre funcionarios de nombramiento político del Departamento de Comercio, organismo que supervisa la Oficina del Censo, y sus homólogos en el Departamento de Justicia.
Los documentos proporcionaron las pruebas más definitivas que se han visto hasta el momento de que el gobierno de Trump buscó excluir a las personas sin ciudadanía del conteo para influir en el prorrateo de escaños en el Congreso a favor del Partido Republicano, según constató el informe, y que los altos funcionarios usaron un pretexto falso para justificar en lo legal el hecho de preguntarles a todos los residentes de Estados Unidos si eran o no ciudadanos estadounidenses.
El exsecretario de Comercio Wilbur Ross había declarado en un testimonio ante el Congreso que el gobierno decidió añadir la pregunta porque requería más datos sobre la ciudadanía a fin de vigilar el cumplimiento de la Ley de Derecho al Voto de 1965. Pero en junio de 2019, la Corte Suprema dictaminó que estos argumentos “parecen ser artificiosos”, y una semana más tarde, el gobierno de Trump abandonó su afán por preguntar sobre la ciudadanía en el censo de 2020.
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Aun así, una lucha prolongada entre el comité de la Cámara de Representantes y el expresidente Donald Trump por la divulgación de un conjunto de documentos que podrían esclarecer este asunto se extendió hasta el final de su periodo en el poder. Después de que Trump dejó la presidencia, el comité entabló un acuerdo con los departamentos de Comercio y Justicia para obtener los documentos que habían estado retenidos.
“Durante años, el gobierno de Trump retrasó y obstruyó la investigación del comité de supervisión que buscaba revelar la verdadera razón para agregar una pregunta sobre la ciudadanía al censo de 2020, incluso después de que la Corte Suprema dictaminó que las iniciativas del gobierno eran ilegales”, declaró la representante demócrata de Nueva York Carolyn Maloney, presidenta del comité.
“El memorando que el comité da a conocer el día de hoy revela la verdad sobre este comportamiento vergonzoso y muestra con claridad cómo el gobierno de Trump intentó manipular en secreto el censo para obtener beneficios políticos y le mintió al público y al Congreso sobre sus objetivos”, afirmó.
Cuando se dieron a conocer algunas comunicaciones internas por primera vez en 2018, el Departamento de Comercio declaró que no había nada en estas que contradijeran los argumentos que Ross había planteado ante al Congreso.
“El hecho de que los funcionarios del poder ejecutivo hablen de temas importantes antes de formular políticas es una señal de buena gobernanza”, declaró en aquel entonces Kevin Manning, un portavoz del departamento.
Se esperaba que el comité sometiera a votación un proyecto de ley que reforzaría la independencia institucional de la Oficina del Censo a fin de impedir la injerencia política en la agencia.
El informe del miércoles pasado cita varios borradores de un memorando de agosto de 2017 sobre la pregunta de ciudadanía redactados por James Uthmeier, abogado y funcionario de nombramiento político del Departamento de Comercio, en los que, en un inicio, él expresa escepticismo y finalmente un apoyo contundente por la inclusión de la pregunta.
“Más de 200 años de precedentes, además de argumentos textuales e históricos convincentes, sugieren que lo más probable es que los datos de ciudadanía no puedan usarse con el fin de prorratear representantes”, afirmó Uthmeier en uno de los primeros memorandos.
En borradores posteriores, Uthmeier y otro funcionario de nombramiento político, Earl Comstock, modificaron o eliminaron el vocabulario que mencionaba que agregar una pregunta sobre ciudadanía probablemente era ilegal e inconstitucional, según hallaron los investigadores.
“A fin de cuentas, nosotros no decidimos cómo se deben usar los datos para el prorrateo de representantes, eso lo decide el Congreso (o quizá el presidente)”, expresaba Uthmeier en un correo electrónico posterior dirigido a Comstock, en el que iba adjunto un memorando corregido.
“Creo que ese es nuestro gancho aquí”, escribió.
Los funcionarios también agregaron vocabulario para enfatizar la discreción del secretario de Comercio en torno a añadir la pregunta de ciudadanía.
El memorando final llegó a la conclusión opuesta del borrador inicial, pues sostenía que “no tiene nada de ilegal ni inconstitucional agregar una pregunta sobre ciudadanía” y afirmaba que “hay bases que fundamentan argumentos jurídicos de que los padres fundadores pretendían que el prorrateo del conteo se basara en residentes legales”.
Una nota escrita a mano de Uthmeier dirigida a John Gore, un funcionario de nombramiento político en el Departamento de Justicia, demostró que funcionarios de nombramiento político habían aconsejado al Departamento de Justicia que le pidiera al Departamento de Comercio que añadiera la pregunta sobre ciudadanía, según señaló el informe.
Finalmente, en diciembre de 2017, el Departamento de Justicia envió una petición formal al Departamento de Comercio en la que solicitaba que se obtuviera esta información “crucial” de las viviendas. Ross después declaró que la agencia solo estaba cumpliendo esa petición al agregar la pregunta al censo de 2020.
No fue posible contactar a Ross para que ofreciera comentarios, pero una portavoz de la oficina del gobernador de Florida, donde Uthmeier trabaja actualmente como jefe de personal, declaró en un comunicado que Uthmeier se había esforzado para incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo porque “sería útil saber cuántas personas están en este país de manera ilegal”.
“Uno no creería que esta es una política controversial, ya que apareció en las encuestas del censo durante más 150 años”, agregó la portavoz, Christina Pushaw. Las preguntas sobre ciudadanía se eliminaron del censo a partir de 1950 para mejorar las tasas de fiabilidad y respuesta.
Cada 10 años, el gobierno federal realiza un censo para contar a todas las personas en el país. La idea es que todos sean contabilizados sin excepción, ya sean adultos o niños, ciudadanos o no ciudadanos.
El conteo se utiliza para destinar fondos a programas federales. También tiene un impacto significativo en la política de la nación, ya que se usa para prorratear la representación en el Congreso, el Colegio Electoral y los escaños dentro de las legislaturas estatales.
Añadir la pregunta de ciudadanía habría implicado preguntarle su estatus de ciudadanía a cada miembro de cada familia en el país.
EE. UU. tiene unos 22 millones de habitantes que no son ciudadanos, pero están en el país de manera legal. Entre ellos están los titulares de tarjetas de residencia, los profesionistas con visas de trabajo y los estudiantes extranjeros. Unos 11 millones de personas viven en el país sin permiso legal.
Los expertos predijeron que la pregunta sobre ciudadanía habría intimidado a los inmigrantes —tanto a los que tienen permiso legal como a los que no lo tienen— al grado de que eludieran el censo, lo cual provocaría que al conteo le faltaran varios millones, lo cual a su vez habría minado la fuerza del Partido Demócrata al trasladar el poder político de las áreas urbanas y diversas a las zonas rurales.
La evidencia presentada en las demandas contra la inclusión de la pregunta de ciudadanía sugería que los beneficios partidistas eran, cuando menos, un factor y, con bastante más probabilidad, el objetivo principal de esta iniciativa. Los nuevos hallazgos parecen confirmar que lo segundo era lo correcto.
En los alegatos de abril de 2019 en la Corte Suprema sobre la legalidad de incluir esta pregunta, el gobierno de Trump arguyó que los beneficios de obtener datos más precisos de ciudadanía compensaban cualquier daño derivado de la probable respuesta socavada al censo.
Además, el gobierno de Trump desestimó las acusaciones de que el Departamento de Comercio había fabricado una justificación para añadir la pregunta al censo.
El informe del comité estableció que los documentos pintaban un panorama muy distinto.
“Los documentos divulgados demuestran los extremos a los que llegaron los actores políticos implicados para corromper una función básica consagrada en la Constitución: el conteo de todas las personas en EE. UU. cada 10 años”, dijo John Yang, director ejecutivo de Asian American Justice Center, una organización de derechos civiles que estuvo entre los litigantes de la pregunta de ciudadanía.
“El secretario Ross decidió alcanzar sus objetivos políticos por cualquier medio disponible”, sostuvo Yang.
La Ley para garantizar un censo justo y preciso (Ensuring a Fair and Accurate Census Act), redactada por Maloney, buscaría aislar a la agencia de la presión política al limitar el número de funcionarios por nombramiento político en la Oficina del Censo a tres, incluido el director de la agencia.
El proyecto de ley establece que solo el director podría tomar decisiones operativas, estadísticas o técnicas sobre el conteo decenal, este director solo podría nombrar a una persona como su suplente y esta persona tendría que ser un servidor público de carrera.
